Ganaron más de 1,3 millones de euros vendiendo terrenos y casas, gracias a un negocio que tenía una pega: las propiedades no eran suyas. La Policía Nacional ha detenido a cinco personas acusadas de estafa, falsedad documental y asociación ilícita por montar una trama que captaba a incautos y les vendía propiedades falseando la documentación que acreditaba la compra, según informó ayer la Policía.
Vendieron una finca de 600 hectáreas en Hinojos, una nave industrial en el polígono Pisa de Mairena, dos veces una misma casa en El Rocío, un piso en La Antilla, otro en Punta Umbría... así hasta doce propiedades, lo que el cliente quisiera, porque no eran ventas reales. Pero las revestían de forma minuciosa con una apariencia de seriedad: uno de los implicados se hacía pasar por fiscal, otro por perito tasador, se entrevistaban con sus víctimas en las dependencias del Colegio de Abogados del edificio judicial de Viapol y hasta idearon una argumentación legal que justificaba lo reducido de sus precios.
La banda captaba en el entorno del edificio de los juzgados de Viapol a personas que estuvieran interesadas en adquirir propiedades inmobiliarias que se encuentran embargadas, ya que éstas suelen valorarse a la baja.
Lo hacían mediante contactos a través de otros conocidos, o abordándolas en los juzgados y haciéndolas creer que podían vender las propiedades antes de que salieran a subasta pública mediante lo que denominaban "designación judicial directa" gracias a sus contactos en el juzgado, lo que supondría una rebaja en el precio.
El estafador que se presentaba como fiscal se reunía con ellos a veces en los despachos de los que disponen los abogados en el edificio Viapol para entrevistarse con sus clientes y ofrecerles distintas opciones, aprovechándose del nulo control de acceso que existe en estas dependencias, dado que ninguno de los miembros de la banda era realmente fiscal ni abogado.
En algunos casos visitaban las propiedades, después de haber comprobado que se estaban vacías y no iban a encontrarse con los dueños, algo muy fácil en las fincas o las naves industriales. Hasta allí se desplazaba otro estafador que se hacía pasar por perito judicial y que hacía una tasación. Tras acordar el precio, las víctimas entregaban primero el 30% de lo acordado y luego el resto, y recibían a cambio documentos falsificados que justificaban la compra y los ingresos bancarios del dinero. Si veían a las víctimas dudar, otro compinche se hacía pasar por un empresario interesado en la misma propiedad para apremiarlo.
Así vendieron propiedades por cifras que llegaron a alcanzar los 240.000 euros, hasta que una de las víctimas denunció su situación el pasado mes de enero. El grupo de Delitos Económicos, tras una compleja investigación, identificó a los miembros de la banda y organizó citas con ellos fingiendo ser compradores, para poderlos detener a todos a la vez y realizar de inmediato los registros en tres domicilios para evitar que destruyeran pruebas. Los detenidos, que tenían otros empleos o profesiones liberales, se justificaron diciendo que tenían importantes deudas. Tres de ellos han ingresado en prisión.
