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"Estamos intervenidos de facto"

El vicepresidente y consejero de Administración Local exige que se intensifique el diálogo con los sindicatos sobre los recortes y asegura que todo debe ser negociable.

el 02 jun 2012 / 21:59 h.

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El vicepresidente y consejero de Administración Local y Relaciones Institucionales, Diego Valderas, el viernes pasado en su despacho.

Diego Valderas (Bollullos Par del Condado, Huelva, 1953) mantiene un difícil diálogo consigo mismo desde que compatibiliza el cargo de vicepresidente del Gobierno andaluz con el de coordinador regional de IU. Insiste en que repudia el plan andaluz de recortes, y culpa a Rajoy de "arrinconar" a Andalucía. Una parte de su perfil busca el consenso con los sindicatos para aprobar los duros recortes, la otra quiere sacar a la calle a los andaluces contra el Gobierno central que "limita los derechos del Estatuto".

-Dentro del Consejo de Gobierno, ¿hay dos voces en conflicto, la del PSOE y la de IU?

-No, hay gran armonía e intercambio de opiniones. No hay elementos de contradicción. En los temas que hemos tratado hasta el momento ha habido pocos aspectos diferenciadores, más allá de que en la política de ajustes tan fuerte que impone Rajoy hay opiniones, no encontradas, pero sí diferenciadas.

-El aplazamiento del plan de reequilibrio, ¿fue una propuesta de los consejeros de IU, como dijo usted, o una decisión del núcleo más próximo al presidente?

-Ha sido una decisión que comparte de forma global el Consejo de Gobierno, aunque haya podido venir desde el impulso de IU y también, cómo no, de los sindicatos. IU consideraba que había unas líneas rojas en el marco del plan de ajuste que había que volver a considerar, y una de ellas era marcar un nuevo estilo de hacer política: consensuar y negociar con los sindicatos en un momento difícil en el que se exige un sacrificio muy alto a los casi 270.000 empleados públicos. No me atrevería a decir quién dio el primer paso.

-Los sindicatos insisten en que no hay negociación.

-Si no hay negociación como ha vendido el Gobierno, éste que habla tendrá que dar un nuevo impulso, lo digo con sinceridad. La negociación es obligada. No compartiría que se apruebe un decreto que no haya tenido diálogo ni acuerdo. Se encuentre al final o no el consenso total, debe haber negociación.

-¿Qué margen hay para aportar alternativas al recorte salarial de 777 millones?

-No hay nada inamovible. Tenemos que profundizar en las posibilidades del ajuste, teniendo en cuenta que la cifra total, efectivamente, es la que es. Pero debe haber margen de maniobra sobre cómo se mueve esa cifra en los diversos capítulos del presupuesto, para lograr salidas diferentes a las que se han puesto hasta ahora sobre la mesa. Las alternativas no sólo las tiene que proponer el Gobierno y el resto de partidos, también los sindicatos.

-Eliminar altos cargos o reducir hasta un 30% los salarios del Gobierno son algunas de sus alternativas, ¿estaría dispuesto?

-Somos los primeros que tenemos que dar ejemplaridad. En eso se está trabajando y estoy convencido de que el ejercicio de austeridad más fuerte lo hará el Consejo de Gobierno. ¿A qué nivel? Sé que el Gobierno en los últimos años se ha reducido el salario un 20% y sé que en este momento debemos ser quienes más nos reduzcamos.

-¿Qué alternativas concretas está barajando la Junta?

-No lo sé. Hay una mesa de negociación abierta por parte de Hacienda y en los próximos días se tiene que intensificar. Es necesario que los que tienen una mejor posición, por lógica, hagan un ejercicio de solidaridad más amplio. Además hay que tener presente un elemento de reversibilidad con una garantía de futuro en los acuerdos que se produzcan. A partir de ahí, debemos salvaguardar que los salarios más débiles, los mileuristas de la función pública, no se toquen.

-¿Qué opina de los pluses de productividad de hasta 3.400 euros que cobran altos cargos?

-Pues que creo que estamos en tiempos de eliminar privilegios. La solidaridad nos obliga a reducir o eliminar todo lo que pueda ser considerado un privilegio. Empezando por el Consejo de Gobierno y caminando hacia todos los niveles de la función pública. Pero hay que tener en cuenta la posición fuerte de la Junta frente a una política de recortes suicida. La política de recortes del Gobierno es suicida para los intereses del empleo y del desarrollo de nuestra comunidad.

-¿Cómo se ve el sector público andaluz desde dentro de la Junta? Los funcionarios dicen que es un monstruo burocrático.

-Ahora hay que pensar en la defensa a ultranza del empleo público. Sería un contrasentido que uno de los pilares que ampara las 250 medidas y las 28 leyes del acuerdo de gobierno se incumpliese. Una de las líneas rojas que hemos planteado y que el plan de ajuste no puede pasar es la pérdida de empleo en el sector público. Dicho esto, ¿es necesario racionalizar la función pública andaluza? Creo que sí. Pero la prioridad es salvar el empleo, no dar paso a privatizaciones y mantener la educación y salud públicas.

-Dice que no hay nada inamovible en el plan de ajuste, pero Griñán sostiene que el recorte de 777 millones en nóminas sí lo es...

-Quiero pensar que hay capacidad de movimiento. IU tiene en marcha un grupo de trabajo para plantear alternativas.

-UGT dice que si no se modifica la cifra del recorte salarial, no hay margen para negociar...

-Comparto ese posicionamiento de los sindicatos. Los límites son estrechos, pero debe haber modificación. Lo estamos estudiando.

-Los sindicatos han pedido a la Junta que empiece a cobrar en función de la renta por servicios educativos que ahora son gratis, como los ordenadores o el bilingüismo. ¿Está de acuerdo?

-Ante la falta de recursos económicos, la participación e implicación de todos en cualquiera de los sectores de la vida pública andaluza es necesaria. Y la imaginación es fundamental. Hay que ser capaces de hacer política casi sin dinero porque la caja está vacía. Esto cada día es más evidente ante los ojos del ciudadano. Pero lo que no se puede plantear como una salida es gravar a las rentas más débiles. Hay cosas que no son tocables. Educación y salud es lo que iguala al conjunto de la sociedad. La gente tiene un cabreo generalizado ante esa doble vara de medir: que el Gobierno prime al sector bancario y sus gestores mientras recorta derechos.

-¿Cree que la actitud del PSOE respecto al agujero de Bankia ha sido demasiado tibia?

-Es como si hubiera un cierto pacto de silencio, un acuerdo de guante blanco entre PP y PSOE en este tema. La posición de IU ha sido firme y coherente, pidiendo una comisión de investigación en el Congreso. Me alegro de que el PSOE a última hora se monte en esta iniciativa, pero creo que lo hace con la boquita chica.

-¿A la dirección de IU le está pasando factura el apoyo al plan de recortes de la Junta?

-Es que nosotros no apoyamos el plan de recortes. En tiempos tan duros, es necesario decir cuál es la situación económica de este país, cuáles son las consecuencias a las que nos arrastran los Presupuestos Generales y qué límites imponen a nuestros derechos estatutarios... Desde el principio, como vicepresidente dije que no estábamos de acuerdo, denunciamos que la política de recortes del Gobierno es suicida para los intereses del empleo y del desarrollo de nuestra comunidad autónoma. Si el Gobierno te recorta 2.700 millones, no puedes hacer tus políticas. Los ciudadanos deben saberlo. El rostro de los recortes en Andalucía es el del PP y de Arenas. Si eso no se visualiza así, algo hacemos mal.

-Si Rajoy, Griñán y Valderas coinciden en que no quieren recortar y que el recorte viene impuesto, ¿qué percepción cree que tendrán quienes les votaron?

-No, no, no. Cuando Bruselas le dice a Madrid que tiene que poner el déficit en X, en Madrid hay dos formas de abordarlo: con una política diferente en materia de ingresos o con una política de ajustes duros en los presupuestos. España podía haber optado por una o otra. En Andalucía no teníamos esa posibilidad. Si se hubiera aplicado en Madrid lo que propuso IU en cuanto a la política fiscal y la lucha contra el fraude, no hubiera habido necesidad de hacer recortes.

-¿La Junta está dividida respecto a la urbanización de la playa de Valdevaqueros?

-No. Hasta ahora se ha puesto sobre la mesa una posición común. Después de haber vivido modelos de construcción especulativa que no nos han conducido a nada, no puedo estar de acuerdo con proyectos que obedecen actuaciones ya superadas. Lo que hay que hacer es cumplir la ley y en esto hay coincidencia entre la consejería de Medioambiente y la de Fomento.

-La Junta ya apeló al cumplimiento de la ley con el Algarrobico. ¿No falta más contundencia?

-La experiencia del Algarrobico es la que demuestra que no se puede volver a repetir esto en una parte tan sensible del litoral andaluz. Hablamos de un proyecto que está aprobado con anterioridad, así que este Gobierno tendrá que actuar para corregir.

-El informe de la Cámara de Cuentas del caso ERE dirigido por el ahora consejero de Turismo...

-Todavía no es un informe, sino un borrador. Y, sinceramente, aún no lo he leído. Lo que conozco es que hay un borrador que se ha filtrado, y que no hay informe, más allá de lo que se conoce por intereses mediáticos, electorales y de disputa política. Cuando se produce el borrador el consejero ya estaba prácticamente fuera de lo que era su responsabilidad [en la Cámara de Cuentas], porque se produjo entre el mes de abril y mayo.

-Su discurso sobre los ERE parece más tibio desde que forma parte del Gobierno andaluz...

-No lo creo. La prueba es que la primera iniciativa de IU fue la petición de una comisión de investigación sobre los ERE.

-¿Usted cree, hoy por hoy, que hay responsabilidad política de Griñán en el caso ERE?

-Yo no voy a sustituir a la comisión de investigación. Ha habido un tiempo en el que la Consejería de Empleo, a todas luces, no funcionó de forma correcta. Ha habido ciertos aspectos de alegalidad o en el límite de la legalidad. Pero sí creo que hay responsabilidades políticas y administrativas, siempre lo hemos planteado, y creo que esas responsabilidades se tienen que sustanciar en el Parlamento en la comisión de investigación.

-¿Apoyarán que Griñán vaya a la comisión de investigación?

-No sólo lo ha pedido el PP, parece que Griñán está dispuesto. Estamos en la misma posición que estábamos. Era un compromiso electoral y lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias.

-Un sector de su formación denuncia que el papel de IU en la Junta es superfluo, que las áreas de Fomento y Turismo se han vaciado de millones...

-La caja está vacía. Pero eso de que no hay presupuesto para ejecutar no se le adscribirá sólo a las consejerías de IU, ¿no? Si estuviéramos en los tiempos de las inversiones, entonces se diría que IU gestiona la parte más importante del presupuesto andaluz. No sé si eso va a cambiar en uno o dos años. Creo que se ha hecho una buena negociación en lo político, en las 250 medidas y las 28 leyes, ahí está la piedra angular del acuerdo. Esta es la parte fuerte, y eso significa que el PSOE tiene que cambiar determinados chips, e IU también. El PSOE debe saber que tiene una hoja de ruta nueva, e IU debe entender que ahora es una fuerza de Gobierno con responsabilidades.

-Con un millón de parados ¿qué consecuencias pueden tener suspender toda la obra pública?

-Es curioso que el foco no se ha puesto en esta realidad, y habrá que ponerlo. Esto va a dañar aún más el empleo. Es difícil explicarlo pero vuelvo a la imposición del Gobierno. Tan es así que incluso cuando hemos planteado dialogar el plan de ajuste con los sindicatos, el señor Beteta [secretario de Estado de Administraciones Públicas] ha venido nuevamente a Andalucía a amenazarnos con la intervención o con algo tan duro como no dar los créditos a través del ICO. Andalucía está en una amenaza permanente.

-Esta confrontación entre Junta y Gobierno, ¿no es estéril de cara a los ciudadanos?

-La política de confrontación no es lo mismo que la política en defensa de unos derechos. Es más, si continúa el acorralamiento del Gobierno central al andaluz, estamos llamados a reeditar el 28-F. Hay una necesidad de llamar a los andaluces a defender su Constitución. Y hoy, el Estatuto, por diversos caminos, se está viendo recortado, limitado y pisoteado. Por el concepto de recentralización que tiene el PP, que es una marcha atrás a lo que han representado los Estatutos de Autonomía, no sólo el de Andalucía. A los ciudadanos hay que decirles la verdad: que hay una posición de dureza premeditada, de acorralamiento premeditado del Gobierno de España respecto a Andalucía. Cualquier comparación, incluso en la presión que se hace sobre la política de recortes, no tiene nada que ver con la que se aplica a otras comunidades. Y eso que otras regiones están en una situación de mayor dificultad económica que nosotros. ¿Qué hubiera ocurrido si en Andalucía ocultamos 2.000 millones de deuda?

-¿Estaríamos intervenidos?

-Sí, claro que sí, estaríamos intervenidos. Con independencia de que yo creo que, por imposición, ya hay una intervención de hecho, de facto. Soy de la opinión de que España está preintervenida. Desde el 1 de enero, la política económica española está en situación de insolvencia. Y la presión y amenaza tan continuadas del Gobierno de España al andaluz me da la sensación de que estamos en una situación de intervención de facto.

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