La operación Astapa arrasó las arcas del Ayuntamiento de Estepona (Málaga). Y no es una frase hecha: el consistorio ha solicitado un adelanto extraordinario al Patronato Provincial de Recaudación para poder hacer frente a las nóminas de febrero.
El Ayuntamiento, gobernado por el alcalde David Valadez (PSOE), ha pedido que se adelanten las partidas correspondientes a los meses de noviembre y diciembre de este año. Aunque la medida servirá al consistorio para ganar tiempo, no deja de ser pan para hoy y hambre para mañana, y así lo admitió el concejal de la oposición, Manuel Reina (Partido de Estepona, PES): "Cuando lleguen esos meses supliremos estas partidas con el adelanto de meses del 2010, con lo que se agravará más la situación en la que se encuentra el Ayuntamiento".
Reina explicó que el Ayuntamiento "recibe del patronato 2,4 millones de euros cada mes, una cantidad que no cubre el gasto de las nóminas y de la Seguridad Social, y por supuesto no es suficiente para hacer frente a otros gastos corrientes".
El alcalde aseguró que el consistorio "está afrontando, dentro de la legalidad, los pagos y los compromisos que han creado otros mientras han tenido responsabilidad política".
Según dijo, "a Reina se le deberían exigir responsabilidades políticas por las numerosas contrataciones que ha realizado de manera dudosa durante el tiempo que fue consejero delegado de las empresas municipales". "Tanto yo como otras personas que formábamos parte de las sociedades en aquel momento presentamos la dimisión al no compartir la forma en la que se estaban haciendo las cosas", recordó el regidor esteponero.
El edil del PES reprochó al Ayuntamiento que no haya pagado a una empresa constructora la ejecución de las obras de urbanización de un sector ubicado en el extrarradio. Según explicó Reina, "los vecinos han abonado la parte que les correspondía, se ingresó en el Ayuntamiento, pero el consistorio no le paga a la adjudicataria que se encuentra en proceso concursal, por lo que los administradores judiciales de la sociedad podrían pedir responsabilidades al consejo de administración de esa sociedad y a los miembros del consejo de administración".
Según Valadez, "lo que es incomprensible es que el Ayuntamiento cobre por unas obras que se van a hacer y que el dinero se haya gastado y los vecinos comprueben que su dinero no se destina a hacer las obras por las que han pagado", según dijo. "Ahora se le va a dar la vuelta al calcetín: primero se harán las obras y luego se cobrarán las cuotas", aseguró Valadez.
Denuncia del PES. Estas palabras de Valadez querían contrarrestar una denuncia de Reina, que censuró el cobro por parte de la Empresa Municipal de Planificación y Desarrollo Urbanístico (Empladus) de cuotas de urbanización a vecinos por obras ya ejecutadas. Esto, según la versión del edil, ha llevado a la empresa adjudicataria de los trabajos a tener que convocar concurso de acreedores ante el impago del ayuntamiento.
El hecho de que una empresa haya entrado "en suspensión de pagos" hace que en un momento dado pueda "exigir responsabilidades al ayuntamiento y a los consejeros de la empresa de manera individual porque se ha pagado esa cantidad" y el Ayuntamiento no ha hecho el uso que debía, apuntó. Pese a que el procedimiento no es "ilegal por el principio de caja única, sí es inmoral".
