En la Estepona de Barrientos el Ayuntamiento tenía tres cajas, una legal y dos para comisiones particulares. La corrupción estaba "asumida e interiorizada". Es lo que se extrae del sumario del caso Astapa, por el que el alcalde y 62 personas más fueron detenidas por cohecho, blanqueo y malversación. Ahora la juez ha levantado parcialmente el secreto.
El Juzgado de Instrucción 1 de Estepona (Málaga), que de forma interina comanda la juez Virtudes Molina, levantó ayer el secreto del sumario de seis de los 150 tomos del caso Astapa, que investiga la presunta trama de corrupción municipal y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga). De dicha documentación se extrae que en el Consistorio del socialista Antonio Barrientos existían presuntamente tres cajas de contabilidad, según denunciaron a la justicia los dos ediles, también socialistas, que destaparon el caso, el actual alcalde, David Valadez, y su compañera Cristina Rodríguez Alarcón. En su denuncia, formulada en noviembre de 2006, señalaron que "la corrupción estaba tan asumida e interiorizada [en la corporación] que todo se contemplaba desde la cotidianeidad y la inexistencia de pudor".
La caja A era donde estaba el dinero fiscalizado y destinado a los fines previstos por la ley. La caja B se reservaba para las comisiones ilegales de las promotoras y en la C se ingresaba presuntamente el dinero destinado a cuentas particulares, según el relato de los concejales.
Valadez y Rodríguez presentaron a la juez un dossier de 18 folios en los que realizaban una exposición de los hechos irregulares que habían detectado en el Ayuntamiento, que podían ser constitutivos de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos, entre otros, y que ellos contemplaron en el equipo municipal desde junio de 2003, durante tres años. Entonces se decidieron a denunciar.
Además del dossier, los dos socialistas aportaron diversa documentación sobre el trabajo puntual de algunos miembros de la corporación. Así, sobre el ex alcalde, Antonio Barrientos, dicen que podría ser un "hombre de paja" más que el verdadero organizador de la trama, mientras que su ex gerente de Urbanismo con el Partido por Estepona (PES), Pedro López, era a quien las promotoras tenían que pagar las comisiones. En el caso de los convenios urbanísticos, las valoraciones de suelo fueron realizadas en su mayoría por el ingeniero Javier Wittmeur, que concurrió a las elecciones de 2003 bajo las siglas del Partido de Estepona y que no realizó ningún proceso selectivo para acceder a su plaza, un proceso de amiguismo que era "corriente" en la localidad.
Los denunciantes señalan en la cúspide de la trama a José Flores, ex jefe de gabinete de la Alcaldía y mano derecha de Barrientos, "muñidor de todos los asuntos que afectan a la corporación". Tal era su poder, aseguran, que no sólo elaboraba el orden del día de las juntas y los plenos, sino que además conseguía la financiación mediante "donaciones" a las delegaciones. "Gran parte de los gastos de las concejalías eran financiados por empresarios con intereses al tener pendientes convenios urbanísticos y licencias de primera ocupación". Buscaba dinero en el sector turístico y el golf, y así podía hacer viajes de 7.500 euros y usar billetes de 500 euros. También citan a José Ignacio Crespo, del PES, vinculado con Juan Antonio Roca, procesado por el caso Malaya; a su colega Manuel Reina, que pidió 42.000 euros por la licencia de un pub de alterne, y a Arturo Cebrián, un arquitecto que exigía dinero por arreglar papeles con frases como: "Ve preparando mis cosas, me he comprado un coche y tengo que pagarlo".
La denuncia generó una operación en junio de 2008 que se saldó con 63 imputados entre empresarios y políticos, de ellos, seis ediles socialistas y dos del PES. Ingresaron en prisión Barrientos, Flores, Crespo, Reina y Wittmeur. Salvo este último, el resto permanecieron en prisión seis meses y se encuentran desde diciembre en libertad bajo fianza de 150.000 euros.
