Los manifestantes muestran pancartas en pizarrines al pasar frente a la sede del PP-A.
La primera huelga general de la enseñanza que une a profesores, estudiantes, universitarios, catedráticos, interinos y personal de administración ha logrado paralizar la reforma educativa de José Ignacio Wert. ¿Es así? ¿Una sociedad desmovilizada, desafecta con la política y deprimida económicamente se ha plantado en la calle y le ha parado los pies, por primera vez, a un Gobierno con mayoría parlamentaria? Es de suponer que los sindicatos de clase lo interpretarán así, los partidos de la oposición harán esta lectura y el Ejecutivo andaluz, por descontado, ya ha llegado a esta conclusión. Wert, en cambio, afirma que reabre el diálogo y buscará más apoyos.
Probablemente ambas sean ciertas. La reforma educativa ha sido repudiada por la izquierda, pero también cuestionada por el Consejo de Estado un órgano de consulta del Gobierno, tiene detractores en las comunidades gobernadas por el PP, y ni siquiera a las patronales concertadas ni a los obispos, a los que la ley hace tantas concesiones, les parece suficiente. El ministro, siempre sardónico, diría que ha encontrado el justo medio aristotélico. Cada uno tiene una definición de la educación, y la virtud de Wert es haber hallado el equilibrio entre las dos Españas.
Sin embargo, hay otra lectura que el Gobierno de José Antonio Griñán debería tener en cuenta. La huelga de ayer mezclaba el rechazo a la legislación nueva que muchos profesores aún desconocen y la protesta contra los recortes educativos. Esto último se lo saben bien los maestros, y no todos responsabilizan a Rajoy. En aplicación de un real decreto que obligó a ampliar la jornada lectiva en Secundaria, Andalucía despidió a 4.502 interinos. Desde entonces el colectivo y varios sindicatos han presionado a la Junta para que vuelva a contratarlos (incluso exigen que se desvíe dinero de otras partidas, como de las pruebas de diagnóstico o el Plan de Calidad). Pero la ley estatal impide ampliar la plantilla.
Clases medias // Cuando Griñán habla de las clases medias trabajadoras, situándolas en el eje de sus políticas, seguro que está pensando en los maestros. A los maestros andaluces les han recortado los salarios, les han ampliado la jornada lectiva, tienen más alumnos en clase que los profesores vascos, catalanes y navarros, y escuchan a diario a los miembros de la Junta explicar que en Andalucía no se ha aumentado la ratio de niños por clase, se mantienen las becas, los comedores escolares, las aulas matinales, los libros y el transporte escolar gratuito... Y todo eso es verdad, pero el profesorado no percibe así la escuela desde dentro. Tampoco se siente cómodo cuando el PP aprieta los dientes para pronunciar la tasa de fracaso y abandono escolar que aleja tanto a esta región de las otras.
La huelga de ayer fue importante, histórica para algunos miembros de la Junta, del PSOE y de IU. Pero no es acertado pensar que el paro ha sido un punto de encuentro entre el Gobierno andaluz y sus profesores, unidos en un alegato conjunto a favor de una escuela pública. Las reivindicaciones corporativas de los maestros, todas legítimas, están ahí, y para muchos se superponen al mensaje ideológico de Griñán y de Diego Valderas.
La Consejería de Educación sostiene que el 21% del profesorado andaluz respaldó ayer la huelga. En 2002, contra la reforma educativa de Aznar (LOCE), fue el 50% el que salió a la calle. Ambas leyes tienen muchas similitudes, la consejera Mar Moreno ha dicho que la Lomce es más regresiva, incluso. Sin embargo, el profesorado andaluz, aplastado por los recortes en su nómina y descreído de la labor sindical, está lejos de las cotas de movilización de hace diez años. El seguimiento de la huelga de los docentes en Andalucía está próximo a la media estatal (un 20% según el Ministerio). Los sindicatos andaluces estiman que la participación aquí fue del 52%, mientras que en el conjunto del país las mismas organizaciones lo elevan al 75%. Las cifras andaluzas no representan, ni de lejos, a la Andalucía de resistencia frente a los ataques del Gobierno de la que habla la Junta. Es más, el apoyo de los docentes andaluces es inferior o parecido al de regiones lideradas por el PP: Comunidad Valenciana (23,14% según la Generalitat, 65% según sindicatos) Galicia (18% según la Xunta, 80% según sindicatos); Asturias, del PSOE, (38,2%, según el Principado; 85% según sindicatos; Castilla y León (17% según la Junta; 60% según sindicatos); Cataluña (15,5% según la Generalitat, 65% según sindicatos). A un Gobierno de izquierdas, inclinado históricamente hacia la enseñanza pública, debiera preocuparle la base social que está perdiendo en las escuelas.
