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Padres con recursos de niños marroquíes fingen su desamparo e impiden su retorno para que la Junta los tutele y escolarice

el 05 nov 2011 / 17:57 h.

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Menores inmigrantes marroquíes que son rescatados en el Estrecho de Gibraltar y pasan a ser tutelados por la Junta. / el correo

Cuando un menor extranjero llega a Andalucía sin documentación ni acompañado de un adulto, la Junta asume la tutela y el niño ingresa en el sistema de protección de menores como cualquier niño español en desamparo. En los centros son atendidos por psicólogos y trabajadores sociales y la administración se hace cargo de su manutención y escolarización. Hace años, Andalucía era un lugar de paso para una migración centroeuropea, y entre el 70 y el 80% de estos menores, que llegaban con edades muy próximas a los 18, acababan escapándose de los centros y buscándose la vida fuera de la comunidad. Hoy, solo se va el 10%. También ha cambiado su perfil. De los 908 menores extranjeros repartidos hoy entre los 273 centros de la Junta, 570 son marroquíes. Hubo un tiempo en que representaban el 80% pero cada vez llegan más subsaharianos. Y la Junta acaba de dar la alarma por un fenómeno que, aunque minoritario, supone una "perversión del sistema". Junto a los niños subsaharianos que llegan en patera o los marroquíes que pasan la frontera escondidos en los bajos de camiones, hay un reducido grupo que viaja como turista con sus padres -funcionarios, notarios o profesionales liberales- y una vez aquí se quedan solos sin documentación pero en permanente contacto con su familia y acuden ellos mismos a la Policía o a las puertas de los propios centros para ingresar en el sistema y recibir una formación que les abra oportunidades laborales.

La Consejería de Igualdad tiene localizados a once niños de seis o siete familias acomodadas acogidos en centros de Sevilla, Jaén y Málaga. La mayoría llegó con 12 o 14 años, estudian Secundaria y módulos de FP de oficios como la fontanería. Muchos tienen parientes en España y proceden de diversas ciudades como Casablanca o Alcazarquivir. "Son niños con un óptimo rendimiento educativo que aprovechan mucho los programas de formación porque los ven como una oportunidad", explica la directora general de Infancia y Familia, Teresa Vega, que asegura que en la consejería reciben llamadas de padres preguntando "qué hay que hacer para mandar a sus hijos a estudiar aquí".

La liebre saltó en 2007, con el caso de una familia que mandó a su hija, hoy mayor de edad y que trabaja en la comunidad y después a sus otros tres hijos. La Junta acudió a los tribunales pero el juez archivó la causa al no poder contactar con los padres por no vivir en territorio andaluz, por lo que se declaró incompetente. Desde entonces, la Junta tiene constatados otros once casos "pero hay más", dice Vega. Los servicios jurídicos estudian ahora la fórmula para lograr una orden judicial de búsqueda de los padres que, una vez constatada su capacidad para hacerse cargo de sus hijos, les obligue a ello y también para reclamarles el gasto de su manutención de los niños durante este tiempo. Cada niño tutelado cuesta a las arcas más de 2.000 euros al mes.

Y es que, en este tiempo -hay menores que llevan cinco años en Andalucía-, los trabajadores sociales de los centros han llegado incluso a hablar telefónicamente con los padres, ya que los niños mantienen un contacto permanente con éstos e incluso vienen a visitarlos. "Nos hemos encontrado con un niño que se escapó del centro, la Policía lo estuvo buscando y al volver nos dijo que había estado con su padre que es funcionario que había venido de vacaciones", relata Vega.

Los padres con los que han logrado hablar "dicen que no quieren que vuelvan porque quieren que estudien aquí y se niegan a firmar la aceptación del expediente de retorno, que en el caso de menores es obligatoria porque debe estar pactado con la familia y el gobierno marroquí".

Vía judicial y diplomática. Por ello, además de la vía judicial, la consejería ha pedido también una cita con el Consulado de Marruecos en Sevilla para pedir su colaboración. Desde el Consulado rehusaron hacer declaraciones sobre "un tema que está en manos de la Junta" y que afirmaron haber conocido a través de su denuncia pública. Mostraron su disposición a mantener una reunión, aún sin fecha.

Tanto la Junta como el Consulado dicen mantener buenas relaciones de cooperación pero lo cierto es que no es la primera vez que el Gobierno andaluz se queja de la falta de colaboración del Gobierno marroquí para localizar a las familias de menores y facilitar su retorno. Entre 2005 y 2006, cuando los centros llegaron a estar saturados de menores extranjeros, denunció que desde 2003 no se había hecho ningún reagrupamiento familiar pese a tener mil casos de niños cuyo expediente estaba culminado. El número de menores en los centros ha ido bajando porque descendió la llegada y los que cumplen los 18 años salen del sistema. La Junta tiene un programa de orientación sociolaboral para éstos pero es voluntario. Una vez que alcanzan la mayoría de edad, dejan de estar bajo su tutela, salen de los centros y si no logran permiso de trabajo y residencia están expuestos a ser repatriados. De hecho, en su último informe anual, el Defensor del Pueblo Andaluz alude a la queja de alguno de ellos que aseguraba que desde los mismos centros avisaban a la Policía del día que cumplían los 18 para que los detuvieran.

Mayte Salce, asesora de esta institución en materia de menores, visita anualmente varios centros para hacer el informe anual pero reconoce que se fijan en "cómo están atendidos" y desconocen "su origen". En 2007, el Defensor sí se pronunció contra una repatriación masiva de menores tras detectar los primeros casos "procedentes de un mismo pueblo". Ahora, la Oficina del Defensor defiende que se investiguen estos "casos puntuales" pero aclara que "no es el perfil habitual" de los menores extranjeros en los centros de protección. Tampoco ONG como Andalucía Acoge o Atime tenían constancia de estas prácticas.

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