El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, desveló ayer que los detenidos el pasado miércoles -tres abogados de ETA y otras siete personas que hacían de nexo entre la banda y los presos- facilitaron a la banda información sobre él mismo, "se supone para que la utilizara con las peores intenciones".
Según explicó, prestar información sobre los objetivos de la banda terrorista era una de las actividades de este entramado junto a la de facilitar la huida de etarras, captar nuevos militantes, gestionar el cobro de la extorsión o velar por el cumplimiento de la ortodoxia de la banda en las prisiones. "Le puedo dar un ejemplo para que vean a qué me refiero: esta estructura transmitió información, se supone que para que la banda la utilizara con las peores intenciones, sobre el actual ministro del Interior", dijo Rubalcaba al ser preguntado en rueda de prensa, si bien no ofreció más detalles ni precisó si entre otros objetivos de este entramado había personalidades del ámbito de la magistratura en el que se movían los arrestados.
Sí insistió en otorgar la "máxima importancia" a la operación desplegada el miércoles ya que, según dijo, los detenidos operaban como los "comisarios políticos" de la banda terrorista, "eran los encargados de establecer la disciplina, férrea por cierto -apostilló- entre los presos etarras, un colectivo que pasa en estos momento por una situación de menos unidad que en anteriores ocasiones".
acercando a los presos. Mientras, ayer se conoció que el Ministerio del Interior ha trasladado en las últimas semanas a la cárcel alavesa de Nanclares de la Oca a otros cinco destacados presos de ETA que se han mostrado críticos con la dirección de la banda, entre los que destacan José Luis Urrusolo Sistiaga y Rafael Caride Simón, autor del atentado de Hipercor. Además, la Audiencia acordó ayer la puesta en libertad de otros diez miembros de Batasuna, el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca, entre ellos el ex dirigente de Batasuna Juan José Petrikorena, si depositan una fianza de 50.000 euros y cumplen la "prohibición expresa" de no participar en los actos políticos que motivaron su encarcelamiento.
Por su parte, el presidente del PNV de Vizcaya, Andoni Ortuzar, pidió ayer rapidez en las actuaciones judiciales contra los detenidos en Vizcaya y Guipúzcoa, entre los que se encuentran tres letrados de presos de ETA, porque los abogados son "un pilar de la democracia".
