La directiva de Derechos de los Consumidores, cuyo objetivo es el establecimiento de un marco normativo común para la defensa de esos derechos en los 27 países miembros de la Unión Europea , está generando una importante polémica.
Coincidiendo con la votación en el Parlamento Europeo de esta directiva, la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), Francisca Sauquillo Pérez del Arco, defendió ayer en Sevilla la necesidad de que cualquier solución que se adopte pase por garantizar los niveles de protección ya conseguidos por los consumidores en España, país que junto a Alemania, Chipre e Irlanda, dijo, goza de una de las más avanzadas normativas.
La discusión estriba en que hay países que reclaman una armonización "de máximos" de las normas de protección de los consumidores y otros estados miembros que pretenden una armonización "de mínimos", lo que en palabras de Sauquillo, "perjudicaría a los países que tenemos una mayor protección", según apuntó durante su intervención en el foro Hablemos de Europa, organizado por El Correo de Andalucía y celebrado anoche en el Hotel Meliá Colón bajo el patrocinio de Cajasol Banca Cívica .
Sobre este mismo asunto, la eurodiputada socialista e integrante de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor , María Irigoyen Pérez, apostó por "encontrar un punto de equilibrio" entre los países que tienen una normativa más avanzada en materia de protección de los derechos de los consumidores y los estados que no tienen ninguna regulación, para los cuales "cualquier regulación es buena".
Fue en noviembre de 2010 cuando la Unión dio los primeros pasos hacia la elaboración de una directiva marco reguladora de los derechos del consumidor. Aunque inicialmente la Comisión pretendía una armonización de máximos, explicó Irigoyen, el periodo de negociación ha abierto la posibilidad de avanzar, conciliando ambas posturas, hacia una "armonización mixta, ni plena ni de mínimos", por lo que se mostró confiada en que al final se alcanzará un acuerdo de mínimos que no ponga en peligro o suponga una merma de los derechos ya conseguidos en países como España.
Preguntada sobre los posibles "frenos" a un acuerdo sobre la directiva de Derechos de los Consumidores, la eurodiputada socialista precisó que "lo más importante es tener voluntad". "Cada país tiene una cultura y una serie de valores. La voluntad política existe, pero hay prioridades diferentes. Lo que hay que hacer ahora es cooperar y ser solidarios", manifestó.
Sauquillo también llamó la atención sobre lo que tildó "una situación preocupante": los recortes que en materia de libre circulación están adoptando algunos estados miembros ante la presión inmigratoria, caso de Dinamarca, lo que a su juicio pone en peligro "uno de los principios fundadores" del mercado único.
Asimismo, alabó los esfuerzos de la presidencia húngara por sacar adelante "algunos temas importantes de consumo", planteando "un nuevo enfoque de la política de consumo de aquí a 2030". De este modo, apostó por que se discuta el tema de la regulación del sistema financiero "no a nivel macro, pero sí a nivel micro", detalló.
Por su parte, Irigoyen detalló que los eurodiputados están "barajando" la posibilidad de establecer en 14 días el tiempo que tendrán los consumidores europeos para devolver sus compras on line a través de internet, en lugar de los 7 días fijados ahora en España.
La eurodiputada precisó que en el Parlamento ya se han aprobado algunos reglamentos en materia de consumo, como el del etiquetado de origen de las fibras textiles, y reclamó la necesidad de que se avance hacia una "armonización de las tallas" entre los países de la Unión, unificación que ya existe en materia de calzado. "No es normal que una persona tenga en Francia una talla 40, en España una 42 y en Italia una 44, ya que esto podría generar problemas de salud en algunas personas".
Explicó además que también se ha alcanzado un acuerdo sobre los componentes de los juguetes que se han declarado tóxicos. Los jugueteros tendrán a partir de ahora dos años y medio para adecuar su fabricación a las nuevas normas europeas.
Tanto la presidenta del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU) como la eurodiputada de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor mostraron sus condolencias por las víctimas del terremoto de Lorca. Sauquillo además alertó a las autoridades murcianas sobre la más que probable subida que experimentarán los precios una vez que "termine la solidaridad".
