Los ministros europeos de Transporte acordaron ayer introducir una tasa denominada euroviñeta para penalizar a los camiones por contaminación atmosférica y acústica, pese a la fuerte oposición de España y la decepción de otros países, como Francia, por la rebaja en el nivel de ambición de la medida.
España y otros estados periféricos como Malta o Chipre recordaron que introducir la euroviñeta les perjudica directamente porque sus transportistas recorren distancias más largas que los de los Estados centrales, cuyo territorio es además un punto mucho más frecuente de tránsito.
En el caso español es aún más doloso, puesto que la mayoría de las exportaciones de frutas y hortalizas nacionales se realizan a través de este medio de transporte con destino a los principales países europeos.
Italia fue el único país junto a España que votó en contra de la propuesta, aunque por motivos distintos, mientras que Portugal y Holanda se abstuvieron y Lituania, Austria, Francia y Bulgaria la apoyaron expresamente.
Sin embargo, la Presidencia belga de turno de la UE, que acudió al Consejo de Ministros de Transporte de Luxemburgo decidida a cerrar un acuerdo político sobre la tasa medioambiental, formuló una propuesta menos ambiciosa que la presentada en 2008 por la Comisión Europea que convenció a una mayoría suficiente de países.
"Estoy parcialmente satisfecho", aseguró el ministro español de Fomento, José Blanco, al término de la reunión con sus homólogos europeos."España ha logrado avances muy importantes (...) que favorecen al transporte español", afirmó en referencia a los nuevos plazos de exención al pago por contaminación para los camiones con menos emisiones.España había solicitado que los camiones de la categoría euro V, la menos contaminante en estos momentos, y la futura generación euro VI no tuvieran que pagar la nueva tasa hasta 2013 y 2020, respectivamente.
La idea fue respaldada por Portugal, Malta, Lituania, Bulgaria, Rumanía y Estonia, pero sólo logró ampliar la oferta de la Presidencia belga hasta el 31 de diciembre de 2013 para los euro V y hasta el 31 de diciembre de 2017 para los euro VI.
"Es verdad que no alcanzamos todos los objetivos y ésa fue la razón por la que nos opusimos finalmente a la directiva, pero en cualquier caso nuestra voluntad es seguir trabajando con el Parlamento Europeo para mejorarla de acuerdo a la pretensiones del Gobierno de España", precisó Blanco.
El ministro tranquilizó acerca del impacto que la medida tendrá en el sector y garantizó que "en este momento no se va a aplicar esta directiva", ya que aún debe completarse el proceso de aprobación en las instituciones europeas, lo que, según sus cálculos, no será "antes de un año".
"Luego hay que transponerla en España y yo no tengo ningún interés en trasponer esta directiva, que no es de obligado cumplimiento", agregó el titular español de Fomento.
El ministro confió en que, gracias a la ampliación de los plazos lograda, España se encuentre en un momento de recuperación económica cuando se reflexione acerca de la aplicación de la normativa.
En cuanto al pago por congestión que Bruselas propuso en su texto inicial, se aceptó finalmente una versión modificada que grava solamente por este motivo durante las horas punta.
La Presidencia belga había planteado que se permitiese un incremento máximo del 300% de las tasas actuales, que ya gravan por el uso de las infraestructuras, y que el número de horas extra fuese de seis como mucho.
No obstante, varias delegaciones, entre ellas la española, se opusieron a esta idea y sólo aceptaron una variación del 175% y un máximo de cinco horas punta.
La Comisión Europea calcula que la medida supondrá un aumento de entre 3 y 4 céntimos por vehículo y kilómetro, frente a los entre 15 y 25 céntimos que cobran ahora como máximo las autoridades nacionales por desgaste de determinadas infraestructuras.
Después de los cambios introducidos, ese coste adicional podría quedar limitado a 2 ó 3 céntimos por vehículo y por kilómetro, indicaron a Efe fuentes diplomáticas.Tras la decisión de ayer, los países de la Unión Europea tendrán que llegar a un acuerdo con el Parlamento Europeo y entonces volver a votar el texto de forma oficial en Consejo de Ministros, un proceso que podría alargarse entre seis meses y un año.
