En la última semana se han producido dos hechos significativos y trascendentes en la construcción de Europa. De un lado, la negativa irlandesa al Tratado de Lisboa, bloqueando así toda la reforma institucional, con la consecuencia de retrasar sine die todas las previsiones que deberían haber entrado en vigor el próximo 1 de enero. Este nuevo parón en la institucionalización europea tiene lugar en unos momentos de crisis generalizada y hace imposible una presidencia estable y una política exterior común para representar a Europa en debates tan importantes como la crisis energética y el cambio climático.
Admitida la gravedad de la situación, los responsables políticos deben actuar con mesura, inteligencia e imaginación y encontrar las soluciones adecuadas para salir del impasse y conseguir que Europa tenga un protagonismo acorde con su potencialidad en la política internacional. Ante este nuevo revés, no hay que olvidar que Europa es un proyecto político en permanente construcción, un proceso continuo en la conciliación de intereses económicos, filosofías políticas y problemas sociales. Y por encima de esas diferencias existen unos valores comunes, como la libertad, la tolerancia, la igualdad y el respeto a la persona y a sus derechos.
Y de otro lado, la aprobación por el Parlamento de una directiva que legaliza la detención de los inmigrantes sin papeles hasta los dieciocho meses es más grave aún, por lo que supone de ruptura con la historia y la tradición de Europa. La necesidad de conseguir una política común ante un problema de tanta sensibilidad social como el de la inmigración es indiscutible, pero no a costa de renunciar a una de las conquistas más valiosas de la historia europea: haber sido tierra de la libertad y de asilo para millones de personas. De ahí la reacción natural ante tal decisión adoptada por diversos estados de África, Iberoamérica y Oriente Medio. La aplicación de esta directiva condenará a miles de personas a un "limbo", en el que permanecerán al margen del Derecho sin las garantías de protección y asistencia propias de un sistema democrático.
Y mayor preocupación y tristeza se produce por la circunstancia de que la norma haya sido aprobada con el voto favorable de algunos diputados socialistas. La social democracia, cuya aportación a la construcción europea ha sido tan decisiva, está inmersa en una grave situación de desconcierto y pérdida de identidad, sobre todo desde la caída del muro de Berlín. Frente a la cultura del miedo provocada por el terrorismo, frente al racismo y la xenofobia, los socialistas no pueden actuar con complejos y debilidades. La defensa de los derechos y libertades de las personas es un principio irrenunciable. Europa no puede reducirse a la economía o al mercado ni convertirse en un club exclusivo de países ricos al margen de otras realidades.
Qué dirían hoy de esta Europa sus padres fundadores? Seguramente lo mismo que ha dicho Jacques Delors: "Ésta no es mi Europa".
Antonio Ojeda Escobar es notario
