Todo indica que Francia actuó ilegalmente. La comisaria europea de Justicia, Viviane Reding, informó ayer a la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europea sobre los "indicios sólidos" de ilegalidad cometidos por Francia con la expulsión de gitanos, según explicó el eurodiputado socialista español Juan Fernando López Aguilar.
Tanto Reding como la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmstrom, se reunieron a puerta cerrada con esa Comisión de la Eurocámara para informar de la marcha del caso que está haciendo la Comisión Europea. En la entrevista se preparó también la próxima reunión conjunta de esa Comisión del Parlamento con el Ejecutivo comunitario, el 29 de septiembre, el mismo día en que está previsto que el pleno de la CE decida si abre un expediente a Francia. "La Comisión ha adelantado que existen sólidos indicios" de que Francia ha cometido una infracción del derecho comunitario con la expulsión de los gitanos, señaló en unas declaraciones López Aguilar.
Esas pruebas son principalmente la circular que el Gobierno francés envió a comienzos de agosto a las autoridades policiales para desmantelar los campamentos de gitanos. "La circular, que no es una carta privada sino jurídicamente vinculante, no habla de desmantelar basándose en delitos cometidos individualmente, sino según la pertenencia a una etnia", añadió el eurodiputado del PSOE. En este sentido, López Aguilar recordó que el Parlamento ya fue claro el pasado 9 de septiembre al señalar que Francia había tenido una "actitud discriminatoria" con su política de expulsión de romaníes.
Pese a las críticas del presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, a Viviane Reding por sus declaraciones comparando la medida francesa con las prácticas nazis durante la Segunda Guerra Mundial, López Aguilar señaló que "el debate no son las declaraciones de una comisaria sino la integración de los gitanos".
A la salida de la reunión, Reding se mostró cauta y se limitó a señalar que "continúan los trabajos" en referencia a la investigación que dirige para comprobar si Francia ha quebrantado la directiva europea de libre circulación, ya que la mayoría de los expulsados son ciudadanos comunitarios. Además, la comisaria, que la semana pasada recibió numerosas críticas por buena parte de los jefes de Estado y de Gobierno de la UE, aseguró que la polémica con Francia lejos de debilitarla políticamente, la ha "reforzado" dentro del Ejecutivo de la Unión Europea. "Creo que todo esto me ha reforzado" contestó la comisaria de forma rotunda a una pregunta al respecto que se le formuló en una rueda de prensa, en la que insistió en la importancia de la defensa de los valores en los que se basa la Unión Europea.
Paso atrás. También, el comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Thomas Hammarberg, criticó el comportamiento de Francia con los inmigrantes y calificó de "paso atrás" algunos de los artículos de la Ley de Inmigración que el Gobierno galo ha presentado ante el Parlamento. "Muchas proposiciones de modificación son un paso atrás", señaló el comisario en una carta abierta enviada el pasado 3 de agosto al ministro galo de Inmigración, Eric Besson, y difundida ayer.
En particular, Hammarberg se refirió a la disposición de la ley que otorga a los prefectos (delegados del Gobierno) poder para prohibir a un inmigrante la estancia en el espacio Schengen durante tres años, lo cual puede ir en contra del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El comisario también criticó la "determinación cuantitativa del número de extranjeros que deben ser expulsados del país francés", lo que comporta, según él, "consecuencias negativas" como "los riesgos de abusos o la degradación de las relaciones entre las fuerzas del orden y las personas que pueden ser consideradas como extranjeras". Por eso "lamentó que esta determinación esté en aumento constante" y señaló que el país galo necesita abordar mejoras en su política de inmigración.
