El resquicio legal usado por Francia para justificar la expulsión masiva de rumanos gitanos, una moratoria a su libre circulación tras el ingreso de su país en la UE que se quiere prolongar sine die, no es más que la última expresión del limbo en el que se encuentra esta población y que dificulta incluso su acceso a recursos sociales. "Los programas para inmigrantes los dejan fuera porque ya son comunitarios y al no ser nacionales tampoco tienen acceso a las ayudas contra la exclusión de los autóctonos. Hay un vacío legal y es una población muy desprotegida", explica el presidente del Secretariado Gitano en Andalucía, Juan Reyes.
Quienes llevan años trabajando por la integración del colectivo gitano en Andalucía, que con 350.000 aglutina a la mitad de la población gitana del país, ponen en valor ahora más que nunca los avances de este pueblo en España, donde sólo un tercio vive aún en la exclusión. "En Rumanía -subraya el responsable regional de la Unión Romaní, Manuel García- los gitanos han sido esclavos hasta finales del siglo XIX y tras la II Guerra Mundial y durante el telón de acero, han estado prácticamente en guetos, escondidos por el régimen comunista de Chauchescu. Incluso los activistas del resto de Europa nos enteramos tarde de su situación, porque a los congresos internacionales de gitanos venían comisarios políticos que no contaban la realidad de allí".
La consecuencia es que presentan un elevado índice de analfabetismo, prácticamente no han tenido contacto con la población paya de su país, no tienen costumbre de asociarse ni de movilizarse para reivindicar derechos y están más acostumbrados a "buscarse la vida por su cuenta que a acudir a recursos sociales para pedir ayuda". Con esta forma de vida "más consecuencia de la pobreza que de ser gitano", huyeron de su país hacia "la tierra prometida", una Europa occidental que ahora, azotada por la crisis, no sólo no les ofrece las oportunidades que esperaban sino que les hace ver que son europeos de segunda.
Asociaciones como el Secretariado Gitano, la Unión Romaní o la de mujeres Amuradi cuentan desde hace algunos años con programas específicos para sus primos del Este, pero reconocen que aún les es difícil acceder a ellos porque "son muy itinerantes y además tienen la barrera del idioma", explica Beatriz Carrillo, de Amuradi. La ayuda que les prestan es básica: asesoramiento legal o acompañamiento para resolver trámites administrativos como sacarse la tarjeta sanitaria o solicitar el permiso de trabajo y algunos cursos de capacitación profesional o para aprender mínimamente la lengua.
Se estima que en toda España hay entre 90.000 y 100.000 gitanos del Este, el triple que en Francia, recuerda el director del Instituto de la Cultura Gitana, Diego Fernández "con lo que tienen menos sentido aún las deportaciones". Dado su nomadismo, no hay cálculos precisos de cuántos están en la comunidad andaluza, aunque Manuel García sí reconoce que "la mitad de los rumanos que hay en Andalucía son gitanos".
Las campañas agrícolas y la venta de chatarra que recogen en la basura son sus principales fórmulas de vida. La barrera idiomática complica que las mujeres encuentren en el servicio doméstico una salida, como por ejemplo las latinoamericanas. Desde la Unión Romaní también señalan haber colocado a muchos en las atracciones y puestos de feria pero, como el campo, "son siempre empleos temporales" que no dan para tener unos ingresos fijos y estables que permitan alquilar un piso.
¿solidaridad o competencia? A diferencia de las chabolas que fabrican los gitanos autóctonos en asentamientos, los rumanos usan tiendas de campaña, fáciles de desmontar, por sus continuos cambios de residencia. Unos y otros suelen tener asentamientos diferenciados, aunque con frecuencia próximos. ¿Existe solidaridad de etnia o se puede generar un conflicto de competencia por las ayudas sociales? De momento, en Andalucía, ni lo uno ni lo otro, según las asociaciones del colectivo, aunque conviene "prevenir" porque cuando la necesidad apremia "las suspicacias pueden subyacer".
Respecto al miedo a que España imite a Francia o Italia, el colectivo confía firmemente en el compromiso del Gobierno español, que ya ha condenado la política de sus vecinos. Pero echa de menos una mayor contundencia de la UE para sancionar al Gobierno galo ante una política "desleal con los socios comunitarios e ilegal con el principio básico de la UE de la libre circulación de sus ciudadanos", dice Carrillo. Les preocupa, además, la generalización que se hace de que "todos son delincuentes, cuando la mayoría sólo viene a ganarse la vida", subraya Reyes. Y temen que el prejuicio cale en la opinión pública y se conviertan en una especie de "chivo expiatorio" ante la crisis y resurja el fantasma de la xenofobia.
