Todos los profesores universitarios, sea cual sea su categoría y contrato, serán evaluados cada 5 años de forma obligatoria para conocer su calidad docente. Según el modelo consensuado entre la Junta y las 10 universidades andaluzas, la innovación puntuará más que los resultados logrados.
La Consejería de Innovación y las universidades andaluzas confían en aprobar el Programa Docentia-Andalucía en enero, con el que, por primera vez, los campus andaluces contarán con un único modelo de evaluación del profesorado "válido, fiable, útil, viable y preciso", tal y como se describe en el borrador del Manual para la evaluación de la actividad docente del profesorado universitario, al que ha tenido acceso este periódico.
Serán cuatro los aspectos que se evaluarán del profesor: la planificación de la docencia, el desarrollo de la misma, los resultados (apartado en el que se incluye el rendimiento del estudiante e incluso el número de aprobados) y la innovación. En el caso del modelo consensuado entre la AGAE (dependiente de la Junta) y las diez universidades andaluzas, hay una diferencia sustancial con el programa Docentia de la Aneca, del ministerio: la innovación docente es más valorada que el resto de los indicadores.
Sobre una puntuación total de 100 puntos, el reparto de los mismos será el que sigue: planificación docente, 20 puntos máximo; desarrollo de la enseñanza, 25 puntos máximo; resultados, 25 puntos máximo; e innovación docente, 30 puntos. Las calificaciones que podrán obtenerse son desfavorable, favorable y excelente. La evaluación será de cinco años de docencia, de modo que hasta que no pase ese lapso el profesor no podrá volver a someterse a dicho control. Y sólo en el caso de que la evaluación sea desfavorable podría pedir entrar en la convocatoria siguiente.
¿Qué elementos serán usados para evaluar la calidad? Habrá tres instrumentos: las tradicionales encuestas a los alumnos, aunque todas las universidades usarían el mismo modelo y no cada una el suyo; un autoinforme del profesor y otro informe -en esta ocasión del responsable académico, es decir, decano o director de escuela, así como del responsable del departamento al que esté adscrito el docente-.
Estos datos serán posteriormente analizados por una comisión evaluadora compuesta por el rector, un secretario -que debe ser docente- a propuesta del rector, de seis a ocho profesores de diferentes ramas del saber y con 10 años de experiencia que serán nombrados por el Consejo de Gobierno de la universidad, un miembro de la unidad de calidad y un agente externo que podría ser propuesto por la AGAE. Todos los implicados en el proceso suscribirán "un código ético de conducta que regirá antes, durante y después de las evaluaciones en las que participen".
Esta evaluación será obligatoria para todo el profesorado "sea cual sea su relación contractual y categoría profesional". En el apartado de consecuencias de la evaluación, se fijan hasta ocho y van desde la asignación de "menciones de excelencia docente" a "posible concesión de complementos por calidad docente". Esto significa que la Junta podría vincular el pago de los complementos autonómicos a estas evaluaciones de calidad. No obstante, el documento deja en manos de las universidades la toma de decisiones en función de los resultados de la evaluación.
