El presidente de Bolivia, Evo Morales, envió un proyecto de ley al Congreso nacional para que convoque "rápidamente" un referendo para revocar su propio mandato y el de los nueve gobernadores del país, la mayoría opositores. No dio fechas ni plazos para la consulta popular. Morales ha dado este golpe de efecto en un momento en el que casi 350 personas están en huelga de hambre contra su política.
"Si el pueblo dice que se vaya Evo, no tengo ningún problema, soy el más demócrata. El pueblo dirá quiénes se van y quiénes se quedan para garantizar este proceso de cambio", dijo el mandatario durante un mensaje a la nación en Palacio de Gobierno, en La Paz, capital del país.
Morales afirmó que quiere que se haga ese referendo revocatorio para comprobar si el pueblo apoya el "proceso de cambio" que su Gobierno impulsa y que, a su juicio, la oposición "conservadora" intenta frenar haciendo denuncias internacionales en su contra para "acabar" con su gobierno. "Evo Morales jamás ha pensado perpetuarse", dice el mandatario boliviano que se ha sumado a la tendencia de referirse a sí mismo en tercera persona, como Chavez o Fidel.
Los gobernadores de Santa Cruz, Tarija, Beni y Cochabamba, todos opositores a Morales, están en Estados Unidos para denunciar ante varios organismos internacionales lo que consideran actuaciones "ilegales" de Morales y su partido en la Asamblea Constituyente y el Congreso.
Además, al menos 350 personas están en huelga de hambre en las regiones de Santa Cruz, Tarija, Beni y Pando en protesta por los "atropellos" a la democracia que, según la oposición, ha cometido Morales. El departamento de Santa Cruz, el más rico del país y feudo de la oposición, concentra el mayor número de huelguistas, con alrededor de 250.
Los huelguistas protestan por la forma en que el gubernamental Movimiento Al Socialismo (MAS) aprobó en primera instancia el proyecto de constitución de Morales el pasado 24 de noviembre, en un colegio militar de Sucre, sin la oposición y en medio de disturbios que causaron tres muertos y unos 300 heridos.
Asimismo, hace apenas una semana parlamentarios pro gubernamentales reformaron la ley de convocatoria de la Asamblea Constituyente para que pueda trasladar sus sesiones de Sucre a cualquier otra ciudad y aprobaron otra norma para pagar un bono de vejez con parte de los presupuestos regionales.
