Daniel Ponce, ex director adjunto de Mercasevilla imputado en la petición de comisiones ilegales, ha llevado al juzgado de lo Social la negativa de la empresa a incluirle en el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que sí ha aplicado a otros 40 trabajadores.
El abogado de Ponce, Simón Fernández Rebollo, ha afirmado a Efe que la demanda judicial se produce tras haber cerrado sin éxito un intento de acuerdo en el Centro de Mediación, Arbitraje y Conciliación (CMAC).
Ponce está imputado en la causa por la presunta petición al Grupo La Raza de 450.000 euros en comisiones ilegales como condición para ser adjudicatario de la Escuela de Hostelería de Mercasevilla y en otra rama del caso, referente a lo que la juez ha calificado como "adjudicación fraudulenta" a la constructora Sando de los terrenos de la empresa.
El PP, que está personado como acusación en el caso Mercasevilla, ha denunciado que Ponce cobraría 865.000 euros por acogerse al ERE, lo que el partido entendía como una manera de "comprar su silencio" en la causa judicial.
En su demanda, facilitada a Efe, Ponce dice que reúne los requisitos para ser incluido en el ERE 2007 al que ya se han acogido otros 40 trabajadores de la empresa mayorista, y por lo tanto "se produce un trato desigualitario injustificado, expresamente proscrito por el artículo 14 de la Constitución, con la consiguiente vulneración de derechos fundamentales".
El letrado destaca que el ERE fue alcanzado entre la Dirección y el Comité de Empresa con la naturaleza de convenio colectivo y "para su resolución es preciso el mutuo acuerdo de quienes lo alcanzaron o, en su defecto, pronunciamiento resolutorio en vía judicial".
El ex directivo pidió en marzo pasado, cuando cumplió 50 años, acogerse al ERE pactado con los trabajadores porque "reunía los requisitos del convenio que se firmó en su día".
La dirección de la empresa rechazó su inclusión y aportó como argumento que Ponce acababa de ser readmitido, en virtud de la sentencia judicial que declaró improcedente su despido.
El ex director adjunto fue despedido al conocerse su imputación en la causa judicial pero el juzgado de lo Social dijo que la supuesta conversación en la que Ponce y su superior, Fernando Mellet, pedían comisiones no se puede considerar "suficientemente acreditada" según la Ley de Enjuiciamiento Civil y por lo tanto causa válida de despido.
