Pascual ha abierto expedientes a siete enfermeras por no acogerse a la normativa sobre el uniforme e identificación reglamentaria del personal. La empresa considera que este incumplimiento es una "falta muy grave" que puede derivar en despido. A las expedientadas, la mayoría de CCOO, se les suma una octava que ha recibido una carta en la que se le notifica su traslado al hospital de Málaga.
Esta medida se aplica a las mismas enfermeras de la clínica San Rafael de Cádiz y a una empleada de Sanlúcar que se negaron a llevar falda aún después de que en marzo se les retirara el complemento de productividad de 30 euros que se les repuso al mes siguiente. La presidenta del comité de empresa del centro sanitario de la capital gaditana, Adela Sastre, quien también ha sido expedientada, subrayó el temor generalizado entre sus compañeras que tienen cuatro días para presentar alegaciones.
"El ambiente allí es insostenible. Una se ha caído, otra tiene una crisis de ansiedad y se ha ido al médico y a otras les preguntas y se echan a llorar. Es muy difícil. Quiero que se entere todo el mundo de la clase de empresa que está financiando el PSOE", explicó. A pesar del malestar generado con este nuevo giro de la empresa, Sastre asegura que estos expedientes no les han sorprendido. "Cuando se armó el follón el director de Enfermería, que no estaba de acuerdo, dejó la empresa y cuando llegó su sustituto los supervisores ya advirtieron que iban a rodar cabezas", aseguró.
