La Comisión Europea expedientó ayer a España por sus medidas de defensa contra paraísos fiscales como Liechtenstein, que están contempladas en el impuesto de sociedades y cuyo objetivo es evitar pérdidas de ingresos. El Ejecutivo comunitario considera que estas medidas son discriminatorias, desproporcionadas y vulneran la libre circulación de capitales.
La apertura de este expediente coincide con el escándalo destapado por Alemania de fraude fiscal a través de Liechtenstein, que afecta a varios Estados miembros y también a Estados Unidos. La Agencia Tributaria anunció también el pasado martes que se ha sumando a las pesquisas y está investigando a ciudadanos españoles sospechosos de usar cuentas en Liechtenstein para evadir impuestos.
En virtud de la legislación española, los dividendos distribuidos por entidades residentes en España y en la mayoría de Estados miembros en las que una empresa española tenga una participación superior al 5% pueden acogerse a una desgravación fiscal. Sin embargo, esta desgravación no se aplica en el caso de otros países de la UE que Bruselas no identificó. Fuentes conocedoras del caso señalaron que se trata de "paraísos fiscales" como Liechtenstein, Chipre, Luxemburgo, Gibraltar, las islas del Canal británicas y las Antillas holandesas.
La Comisión Europea considera que esta diferencia de trato restringe la libre circulación de capitales. Estas medidas "imponen una mayor carga fiscal a los accionistas residentes que inviertan en entidades establecidas en los Estados miembros y territorios considerados y, por tanto, podrían disuadirlos de invertir capital en empresas establecidas en ellos". Asimismo, el Ejecutivo comunitario considera que dichas disposiciones "podrían dificultar la obtención de capital en España por parte de las entidades establecidas en esos Estados miembros y territorios".
