El área de Salud y Consumo del Ayuntamiento hispalense ha comunicado a "todos" los mayoristas de pescado de Mercasevilla, 42 concretamente, la apertura de expedientes sancionadores como consecuencia de los cierres patronales protagonizados los días 12 y 28 de noviembre de 2009, cuando los mayoristas de este género no abrieron sus puestos para presionar a la empresa mixta, participada por el Consistorio y Mercasa, a renegociar los cánones "abusivos" que gravan su actividad.
El presidente de los mayoristas de pescado, Antonio Vela, informó a Europa Press de que ha sido hoy mismo cuando el área de Salud y Consumo ha comunicado "a nivel individual" a los 42 mayoristas de pescado la apertura de expedientes sancionadores como consecuencia de estos paros empresariales que, cabe recordar, se reprodujeron los días 18 y 19 de diciembre de 2009. Según explicó, la actuación del área de Salud y Consumo responde a la "petición" expresa del director general de Mercasevilla, Jordi Maymó, y obedece concretamente a los cierres patronales de los días 12 y 28 de noviembre.
A tal efecto, explicó que estos expedientes sancionadores, que habilitan un plazo de 15 días para formular alegaciones, contemplan penas como la "prohibición" de acceso a las instalaciones con fines mercantiles de entre 30 y 90 días, la retirada de la licencia durante un periodo que oscila entre los tres y los seis meses e incluso "la retirada definitiva de la licencia". No obstante, advirtió de que los expedientes "no nos preocupan" y que la asesoría jurídica del colectivo de empresarios trabaja ya sobre ellos.
Pero al margen de la lucha administrativa y jurídica contra estas sanciones, Antonio Vela advirtió de que esta maniobra de Jordi Maymó prueba que el actual director general de Mercasevilla, "es un pirómano, políticamente hablando", porque ante su inminente abandono del cargo, "está creando fuegos que, después, no tiene él que apagar".
"Está pegándole fuego a este bosque", dijo metafóricamente el presidente de los mayoristas de Mercasevilla, quien insistió en que "no nos preocupan estos expedientes".
"No es el momento idóneo, esto va a crispar los ánimos", señaló Vela en cuanto a las marcadas relaciones entre los mayoristas de pescado, la directiva de Mercasevilla y el Gobierno del Ayuntamiento hispalense.
Entre estos cánones cuya negociación se reclama, como se recordará, figuran un canon del 2,05 por ciento en concepto de "facturación y cobro" del total de ventas y otro gravamen del 1,57 por ciento por "transporte, manipulación y colocación del pescado", cánones que, según los mayoristas de pescado, fueron declarados contrarios a las leyes de competencia por el Tribunal de Defensa de la Competencia a través de una resolución incluso ratificada por la Audiencia Nacional.
