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Expertos animan a potenciar el Senado y la cooperación regional

Especialistas en Derecho Constitucional y Hacienda Pública defienden el modelo del Estado de las Autonomías frente a los ataques del PP, pero admiten fallos del sistema que las comunidades deben corregir

el 28 feb 2011 / 20:48 h.

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El Rey, el Príncipe de Asturias, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto a los asistentes a la IV Conferencia de Presidentes, en la que participaron por primera vez los presidentes de
La proximidad de las elecciones y la crisis económica han alentado en los últimos tiempos el debate sobre la viabilidad del Estado de las Autonomías. El PP dibuja un modelo territorial con "patologías" e insiste en la necesidad de devolver competencias al Estado, mientras el PSOE defiende el sistema, pero propone medidas de "concertación" entre comunidades en temas como los horarios comerciales. Treinta años después de la consecución del Estatuto de Autonomía de Andalucía, expertos en Derecho Constitucional y en Hacienda Pública rechazan el debate, en el que algunos ven un claro oportunismo político, pero defienden la necesidad de corregir los fallos.

 

Así, José Sánchez Maldonado, catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Málaga, asegura que es un debate "innecesario", que sólo responde al interés de los "sectores menos progresistas de la sociedad que nunca han visto con buenos ojos el título VIII de la Constitución [De la organización territorial del Estado]" y que, ante cualquier circunstancia sacan la autonomía "como responsable de esta crisis". En su opinión, "lo único que ha demostrado la realidad de las autonomías es que todas las regiones españolas han crecido de forma irreversible". Es más, afirma: "El principal culpable del bienestar social y económico que hemos vivido es la descentralización política y el Estado de las Autonomías".

David Patiño Rodríguez, profesor de Economía Pública de la Universidad de Sevilla, comparte esta visión y defiende que "el modelo constitucional ha funcionado y ha dotado a las comunidades de un amplio nivel de autogobierno". El resultado, en su opinión, "ha sido la generación de unos niveles de prosperidad como nunca habíamos alcanzado, especialmente en las comunidades más atrasadas y ha posibilitado construir un estado del bienestar que empieza a ser equiparable al de los países de nuestro entorno".
Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada, no es tan optimista en su análisis y cree que precisamente la situación económica actual y el funcionamiento del Estado autonómico exigen este debate: "El disparate sería no plantearlo. Y no sólo por razones económicas, sino también sociales y como respuesta a los ciudadanos que perciben una desfunción". "El Estado Autonómico en Andalucía se ha presentado a los ciudadanos como el mejor instrumento para salir del subdesarrollo y dar el mejor servicio. Pero seguimos sin converger con las cifras de Europa y no nos alejamos de las últimas posiciones de España", afirma.

Fernando Álvarez-Ossorio, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla, apoya a Ruiz Robledo en la necesidad de replantear este debate, "pero no en este sentido. Lo que hay que hacer es consolidar el Estado de las Autonomías porque ha sido un avance muy importante para este país" y, subraya: "España es un sumatorio de nacionalidades". No obstante, advierte a los que buscan en las autonomías al culpable de la crisis económica: "Apuntan mal. El ejemplo más claro es el de Alemania, un estado federal, que ha demostrado que las autonomías no son una rémora, sino que pueden ser un estímulo para salir de la crisis".

Y aquí Agustín Ruiz Robledo recuerda que, en 2006, Alemania se replanteó la Constitución para hacer frente a la crisis. Así, anima a "estudiar qué cosas se podrían hacer mejor desde el Gobierno central", que es la idea en la que trabaja el vicepresidente tercero, Manuel Chaves. "Es extraño que todos los servicios se rijan por la economía de escala y ésta no se aplique a las administraciones públicas. Hay que ir con ojos nuevos y no estar convencidos de que siempre el ámbito autonómico es el más adecuado".

En este sentido, Alfonso Yerga, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Pablo de Olavide, que rechaza el debate, recuerda que "el proceso de constitución de un Estado no se cierra, sino que está abierto y que las instituciones tienen que ir respondiendo a las nuevas necesidades". De este modo, aboga por el "ajuste permanente", como, en su opinión, era necesario desde el primer momento en el que se aprobó la Constitución Española en 1978. Pero afirma rotundo: "Ir contra el Estado de las Autonomías es ir contra la Constitución". Y puntualiza: "Procurar un adelgazamiento del Estado y una gestión más eficiente no supone replantear el Estado ni querer volver a la España de Felipe II, como pretenden algunos".

Propuestas. De hecho, David Patiño asegura que "la Constitución no admitiría una vuelta atrás" en la transferencia de competencias, por esto defiende que "el reto es la mejora de la eficiencia en la gestión" porque, en su opinión, "es precisamente la gestión descentralizada de asuntos como la educación o la sanidad lo que permite esta mejora" y apunta a que "posiblemente los principales problemas deben buscarse en el nivel local". No obstante, este profesor de Economía Pública recuerda que "el propio proceso democrático propicia le mejora en la eficiencia en la gestión", así, mientras España necesita aumentar la transparencia, en el plano autonómico habría que "incrementar la corresponsabilidad fiscal para que los ciudadanos sean más conscientes de los servicios que reciben de cada nivel de gobierno y sobre todo qué administración gestiona los impuestos que paga".

Prácticamente todos los expertos consultados coinciden en la necesidad de potenciar la cooperación entre las comunidades autónomas y en la de evitar duplicidades, como resume José Antonio Maldonado en su receta para mejorar el Estado de las Autonomías. Y todos recuerdan lo que le pasó a Mariano Fernández Bermejo, exministro de Justicia, multado por cazar sin licencia en Andalucía, aunque sí tenía autorización para hacerlo en otras comunidades autónomas: un "sinsentido". La libre movilidad de mercancías o las rebajas en la competencia fiscal son otros de los temas susceptibles de tratar en la cooperación entre las comunidades.

Y es que, señala Alfonso Yerga, mientras se han firmado, "en números redondos", unos 10.000 convenios entre el Estado y las comunidades autónomas (CCAA), no llegan a 100 los acuerdos entre éstas y "podríamos ganar si algunos servicios se prestaran bajo el principio de cooperación horizontal. Las propias comunidades deberían sentarse para cooperar".

Fernando Álvarez-Ossorio va más allá y recuerda que la mayoría de los expertos en Derecho Constitucional demandan una reforma de la Carta Magna para "favorecer cauces de comunicación entre las comunidades autónomas y el Estado". Esta reforma debería implicar que el Senado se convierta en una cámara de representación territorial, "que no lo es", y, de otro lado, "fomentar la lealtad entre las comunidades y el Estado, así como la cooperación entre ellas", siguiendo el modelo de un estado federal. "Respondemos al arquetipo del estado federal, pero, a diferencia de ellos, fallamos por no tener un Senado que sea una cámara en la que las comunidades participen en las decisiones del Estado y en la que el Estado tengan en cuenta las opiniones de las comunidades".

El catedrático de Hacienda Pública José Antonio Maldonado abunda en esta idea y defiende el Estado federal frente al gobierno centralizado: "Los países con una estructura federal aprovecha mejor sus recursos".

Agustín Ruiz Robledo propone un estudio técnico, "no político", que analice qué competencias se pueden atender mejor desde el nivel estatal, pues "parece imposible que todo lo que se ha cedido -hay 5.000 decretos de transferencia- se gestionen realmente mejor desde las comunidades autónomas".

Desafección. Precisamente por esto, Ruiz ve "lógico" la reciente desafección de los andaluces por la autonomía: "El apoyo a la autonomía en Andalucía iba unido al desarrollo del territorio, pero los ciudadanos ven que no se ha crecido". No en vano, el último informe Egopa elaborado por el Centro de Análisis y Documentación Política y Electoral de Andalucía (Capdea), de la Universidad de Granada, de otoño de 2010, recoge una caída de más de 13 puntos en dos años en el respaldo de los andaluces al Estado de las Autonomías (del 67,6% al 54,2%).José Sánchez Maldonado, en cambio, cree que "esto responde a la campaña organizada por la derecha desde Madrid y al fenómeno de la crisis, pues se percibe como un derroche".En la misma línea se manifiesta David Patiño: "La campaña en contra de la descentralización está siendo bastante fuerte. El centralismo ha lanzado la idea de que el modelo autonómico es uno de los causantes de la crisis y no para de indicar otros supuestos efectos negativos del estado autonómico como relacionar descentralización y competitividad, a pesar de no tener base empírica alguna o identificar descentralización con insolidaridad cuando ha representado exactamente lo contrario".


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