En medio de los escándalos por posibles usos fraudulentos de fondos para formación y con la dramática tasa de paro como telón de fondo, el Observatorio Económico de Andalucía, un foro de análisis y reflexión sobre la realidad y las tendencias socioeconómicas de esta comunidad, presentó ayer un durísimo informe sobre la efectividad y la eficiencia de las políticas activas de empleo, hasta el punto de considerar no sólo «mediocres» sus resultados, sino reclamar también al Ejecutivo regional que las mantenga paralizadas hasta someterlas a una profunda revisión acorde con las necesidades reales de las empresas.
Este grupo de expertos OEA por sus siglas, en su mayoría procedentes del ámbito universitario y capitaneado por Francisco Ferraro, catedrático de Economía Aplicada reclamó evaluaciones externas e independientes sobre «la eficacia, la eficiencia y los impactos» de los cursos de formación que se imparten porque, en su opinión, impera una absoluta falta de transparencia a pesar del importantísimo volumen de recursos públicos del que estamos hablando, y que cifró en 1.200 millones de euros al año en Andalucía entre el 0,8 y el 0,9 por ciento del PIBregional.
Francisco Ferraro y el profesor de la UPO José Ignacio García Pérez, ayer en el Club Antares de Sevilla. / EL CORREO
«Es imprescindible avanzar en trasparencia, en la asignación competitiva de los fondos y en la evaluación a posteriori de los resultados alcanzados. Solo así será rentable, en términos coste-beneficio, la importante inversión en estas políticas que el ciudadano está haciendo desde hace años», reseña el documento presentado en el Club Antares por Ferraro y José Ignacio García Pérez, profesor de Economía en la Universidad Pable de Olavide.
Es más, el informe considera que las políticas activas de empleo arrojan una incidencia «en general reducida» en el mercado de trabajo. ¿Y por qué? La clave estriba en que estos cursos están diseñados para atender reclamos laborales muy concretos por ejemplo, un curso de soldador cuando el problema fundamental de la economía regional es otro muy distinto: la falta de demanda de puestos de trabajo. Léase: que no se crea empleo mucho soldador para tan poca empresa de soldadura.
«Por ello, la prioridad en Andalucía debe estar situada en la generación de nuevos proyectos empresariales, así como en el crecimiento de los ya instalados por la vía de la innovación y la apertura al exterior». En cualquier caso, añade el documento, las políticas activas de empleo pueden resultar de especial interés para mejorar la inserción de trabajadores desempleados con poca cualificación».
En su rosario de críticas, era evidente que no se escaparía el organismo que gestiona: el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Así, lamenta el OEA que ese órgano laboral de la Junta de Andalucía no haya suscrito el reciente acuerdo marco de colaboración entre las Agencias de Colocación las ETT o Empresas de Trabajo Temporal y los Servicios Públicos de Empleo.
«Es difícil de entender que con la poca disponibilidad de fondos públicos para incrementar la dotación, y, sobre todo, la capacitación, de los Servicios Públicos de Empleo, Andalucía no avance más por este camino». En todo caso, este club de expertos que esgrime siempre su nula adscripción política y su orígenes en la sociedad civil llama a una «reorganización completa del SAE para que ofrezca un servicio más ágil y vinculado a las necesidades de la estructura económica de cada territorio». Y, en este contexto, aconseja implantar en el organismo «incentivos salariales para el personal dedicado a la orientación laboral para que sus retribuciones dependan en mayor medida de los resultados obtenidos por los parados a los que asesoren», reseña el documento.
Y no quedarse ahí. El Observatorio Económico de Andalucía propone además un «sistema de incentivos y castigos» para los parados que se beneficien de cursos de formación. «Sólo se conseguirá que dichas actividades sean efectivas si los desempleados perciben como perjudicial para ellos no tener una búsqueda activa de empleo, por ejemplo, porque pierden parte de su prestación por desempleo».
Junto a tal recomendación, el OEA plantea otra media docena de consejos al respecto. Destacan la atención personalizada al parado para la búsqueda de empleo; priorizar la formación en cursos largos (superiores a las 250 horas) que capaciten para desarrollar ocupaciones específicas; centrar en la formación dual (la escuela y la empresa) la de los jóvenes que acceden al mercado laboral; y dirigir las subvenciones solo a la generación de empleo privado para colectivos de especiales dificultades de reinserción laboral (parados de larga duración y mayores de 45 años).
Una parada en la educación. «Se debe reforzar la Formación Profesional reglada, así como los programas de prácticas profesionales en las empresas. Y la Universidad también debe adaptarse de manera decidida a las necesidades actuales».
Tajante contra la oferta laboral de las administraciones, como el programa autonómico Emple@Joven. «Las ayudas a instituciones públicas para la creación de empleo temporal son, con diferencia, las medidas menos efectivas para mejorar las perspectivas de empleo de sus perceptores. Por eso deben reducirse al mínimo y ser dirigidas sólo a colectivos con graves problemas de inserción social».
Los expertos, por último, se quejan de la insuficiente atención política y mediática al «problema» de la calidad y evaluación de las iniciativas públicas. «Los indicios sobre la gestión de las Políticas Activas de Empleo van siendo muy negativos, tanto por sus mediocres resultados como por las irregularidades en su gestión». Y tales palabras les llevan a sentenciar que, a tenor del coste, el reducido impacto en el mercado laboral y el desvío de fondos, mejor paralizar los cursos de formación. Y Junta de Andalucía, entérese.
