Realizado bajo el amparo del Banco Mundial, salió a finales del año pasado un informe titulado Doing Business 2009 donde se recoge un diagnóstico de la bondad del marco institucional de cada país en lo que respecta a la facilidad para "hacer negocios", una dimensión que se analiza a partir de diez grandes variables: Licencias de construcción y apertura, contratación de trabajadores, registro de la propiedad, facilidades de crédito, protección al inversor, impuestos, comercio internacional, seguridad jurídica y cierre empresarial.
Esta medición de la facilidad para hacer negocios hay que tomarla con la precaución siguiente: se está considerando únicamente el entorno jurídico-administrativo, y, dentro de él, la normativa y todo tipo de cargas administrativas que recaen sobre las empresas. No tiene en cuenta la calidad de las infraestructuras de un país, sus condiciones macroeconómicas u otros aspectos ligados a la solidez de sus instituciones. Y por supuesto, ni mide ni se preocupa por medir el bienestar de la gente de a pie.
Dicho esto, según la clasificación mencionada España obtendría una nota de 6,1 sobre 10. Desglosando los datos se observan las siguientes puntuaciones. Un 5 en Apertura de una empresa: se estiman dificultades por la cantidad de procedimientos para realizarla y el tiempo que exige. Un 6,4 en permisos de construcción y registro de propiedades: el procedimiento se considera simple pero algo largo. La peor nota se la lleva la contratación (2,6), nada de lo que sorprenderse, siendo este uno de los Grandes Éxitos de los think tanks neoliberales: afearle a España de rigidez en los horarios, rigidez en el empleo, despido caro y otras dificultades.
Hay buena puntuación, por el contrario, en lo que se refiere a la Obtención de un crédito para la apertura de un negocio (7,1), al existir muy buenos registros públicos y muy buena información crediticia. En cuanto a Protección de inversores, el 4,8 que se concede refleja el contraste entre la buena evaluación de la responsabilidad de los directores y la facilidad para los juicios de los accionistas. En Impuestos tenemos un 6,1, que imagino mejoraría si se mirara el tipo efectivo del impuesto de sociedades en vez del nominal.
Se puntúa con 6,7 en Comercio internacional: rápido y medianamente ágil, un 5,9 en Cumplimiento de los contratos. Finalmente se obtiene la máxima nota en la variable Liquidar una empresa (9,8), lo cual refleja una óptima legislación sobre quiebras, donde los acreedores están en buena posición para recuperar su inversión y, en consecuencia, se deben mostrar más dispuestos a conceder préstamos.
En conjunto, España ocupa el puesto 49 de los 181 países estudiados. Para ayudar a que cada uno se vaya haciendo una idea de la cosa, digamos que los primeros puestos están ocupados, en este orden, por: Singapur, Nueva Zelanda, EEUU, Hong Kong, Dinamarca, Reino Unido, Irlanda, Canadá, Australia y Noruega. Los últimos puestos los acaparan los países centroafricanos, con Venezuela sorprendentemente incrustado entre ellos y por debajo de países como Guinea Ecuatorial, Angola o Eritrea.
Entre las muchas conclusiones posibles hay una muy sugerente: se puede construir un medio propicio a los negocios a partir de modelos de bienestar social muy diferentes, todo depende de los contrapesos que se habiliten. Imagino que, puestos a elegir y si nos preguntan de manera explícita (¿y por qué no?), la mayoría estamos por hacer reformas, pero sólo si nos equiparan al modelo escandinavo. Todo lo que no sea eso es egoísmo miope.
