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Facua denuncia a 11 compañías por abuso en las descargas

La organización de consumidores Facua denunció a 11 compañías de contenidos para móviles ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, el Instituto Nacional del Consumo y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas donde están ubicadas las firmas por prácticas abusivas.

el 15 sep 2009 / 23:48 h.

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La organización de consumidores Facua denunció a 11 compañías de contenidos para móviles ante la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones (Setsi), el Instituto Nacional del Consumo y las autoridades de Consumo de las comunidades autónomas donde están ubicadas las firmas por prácticas abusivas, según informó ayer la asociación, que destacó los precios "desproporcionados" de descarga.

Facua explicó que el precio por enviar tres SMS y conectarse a Internet para descargase una melodía cuesta hasta 6,38 euros, mientras que un juego con cinco mensajes llega a alcanzar los 9,86 euros. Asimismo, los servicios de suscripción por recibir los mensajes invitando a los usuarios a realizar descargas cuestan entre 13,92 y 21,58 euros mensuales.

La organización explicó que de las 11 compañías encuestadas, cinco ofrecen servicios de suscripción (Flycell, Dada, Jamba, MyBip y Dindo), otras cuatro ofertan descargas individuales de sonidos, textos, imágenes, vídeos y juegos (Movisexy, Interbusca, Olemovil y Divertimovil), mientras que Movilisto y Club Zed disponen de ambas opciones.

"Es un sector plagado de abusos -señaló Facua- que mueve miles de millones de euros cada año y cuya regulación sigue pendiente de que el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio apruebe un código de conducta".

La organización explicó que para realizar una descarga las compañías imponen el envío de entre dos y cinco SMS, algo que en muchos casos no aclaran y nunca informan del precio.

Facua añadió que "las que ofertan servicios de suscripción no indican cuánto tendrá que abonar el usuario al mes por todos los mensajes recibidos", y apuntó que de esta forma las firmas vulneran la obligación de indicar el precio final, recogida en el artículo 60 de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.

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