Las familias del colectivo bautizado como la Corrala Utopía, que durante casi dos años ocuparon sin título alguno un bloque de viviendas propiedad de Ibercaja, habrían firmado ya con la Consejería de Fomento y Vivienda varios contratos para la entrega de viviendas públicas, en el marco de los realojos provisionales promovidos por la Administración andaluza para este colectivo. Los movimientos han comenzado después de que la Consejería de Fomento y Vivienda recibiese del Ayuntamiento las últimas evaluaciones sobre la situación socioeconómica de estas familias y anunciase que, merced a estos documentos, completaría los realojos provisionales de los que se benefició ya la mitad del colectivo tras el desalojo de las citadas viviendas. Toñi, una de las mujeres del colectivo y que quedó fuera de la tanda inicial de realojos provisionales de la Junta, ha manifestado que aunque espera aún la convocatoria de la administración, le consta que otras personas del colectivo «han firmado ya varios contratos» para recibir de manera provisional viviendas protegidas de titularidad autonómica. «Ya hay varios contratos firmados. Ya sabíamos que esto iba a acabar bien», ha dicho esta portavoz del colectivo, quien precisa que las viviendas relacionadas con dichos contratos pertenecerían al ámbito de Sevilla capital. El desalojo de los números 2, 4 y 6 de la avenida de las Juventudes Musicales motivó que estas personas acampasen en la Plaza Nueva a modo de protesta, tras lo cual la Consejería de Fomento, dirigida por IU-CA, entregó directamente a varias familias llaves para habitar provisionalmente viviendas de titularidad autonómica, extremo que se aplicaría a las restantes personas o familias del colectivo. Estos últimos realojos fueron paralizados por el conflicto surgido entre PSOE e IU-CA, socios en el gobierno autonómico, en torno al asunto. Para resolver el destino de estas familias, la consejería remitió al Ayuntamiento un listado de estas 17 personas para una nueva evaluación de sus circunstancias socioeconómicas, que ha acreditado la situación de exclusión social, vulnerabilidad o riesgo de las 15 familias sometidas a este procedimiento.
