La destrucción de dos campamentos gitanos en Roma y Nápoles y la detención de cientos de inmigrantes en Italia representan la aplicación de una política xenófoba ya anunciada y prometida en la campaña electoral por Berlusconi y justificada por Umberto Bossi, líder de la ultraderechista Liga Norte.
Pero estos brotes racistas afectan desgraciadamente a casi todos los países de la UE, aunque en algunos de ellos pretenda edulcorarse la intolerancia con el llamado "contrato de integración". Por ello, es necesario sensibilizar a la ciudadanía de los países europeos y apoyar y colaborar con todas aquellas asociaciones que defienden los derechos humanos y exigir de los Estados políticas de integración y cohesión social para evitar así la exclusión y marginación de los más desfavorecidos.
Las medidas adoptadas en Italia están afectando sobre todo a la minoría gitana procedente de la Europa del Este, pero su situación preocupa a toda la Unión. En este sentido conviene recordar que los gitanos están extendidos por todos los países integrados en la UE, siendo "la única comunidad transnacional auténticamente europea" en el sentido de que, con independencia del lugar en que están ubicados, su patria es Europa y son ciudadanos europeos. Y en este sentido deben ser reconocidos como tales y dada su especial situación de vulnerabilidad deben ser especialmente protegidos mediante programas de ayuda e integración. Así se repararía también una injusticia y un olvido histórico, puesto que los gitanos fueron objeto de la persecución nazi, circunstancia ésta que se ignora o silencia al recordar las víctimas del Holocausto y de los campos de exterminio.
Ante el problema de la emigración, Europa vive en estos momentos una situación especialmente delicada al estar elaborándose una directiva en la que el consenso va a ser muy difícil. Existe una opinión compartida y generalizada de la necesidad de la emigración para que los países europeos sigan incrementando su población y manteniendo sus índices de crecimiento y desarrollo, por lo menos hasta el año 2050. En la elaboración de esa nueva normativa los responsables políticos deben tener presente la historia y el espíritu de Europa. Tras grandes vicisitudes y enfrentamientos, a veces muy cruentos, se ha llegado a una situación de tolerancia y defensa de la persona, de su dignidad y derechos esenciales que no admite renuncias ni recortes.
De ahí la necesidad de combatir y erradicar esas manifestaciones de intolerancia y xenofobia, de persecución del "diferente", que, aprovechando situaciones de irracionalidad y miedo colectivos, están fomentando partidos y asociaciones neofascistas en casi todos los países europeos. Europa no puede renunciar a su legado humanista y de defensa continua de los derechos humanos. Por ello, es necesario vigilar e impedir a toda costa el resurgir de ideas y acciones violentas, cuyo desarrollo puede desembocar en situaciones de intolerancia y persecución, como ya por desgracia ocurrió en otros momentos de la Historia.
Antonio Ojeda Escobar es notario
