El exdirector general de Trabajo Francisco Javier Guerrero, el principal imputado en la investigación abierta por las posibles irregularidades en los expedientes de regulación de empleo (ERE), continúa tirando de la manta y, además de arremeter contra el exconsejero de Empleo José Antonio Viera, tras el descanso para comer también lo ha hecho contra su sucesor en el cargo, Antio Fernández, quien ya está imputado en la causa. Según Guerrero, Fernández fue el que comprometió tres millones de euros para las empresas Ángel Rodríguez de la Borbolla, el exalcalde de Cazalla y hermano del expresidente de la Junta, José Rodríguez de la Borbolla. Sobre Viera ha vuelto a insistir en que fue quien dio las indicaciones para conceder la mayoría de las ayudas a las empresas de la Sierra Norte de Sevilla. Es más, ha asegurado que cuando dejó de ser consejero de Empleo aún seguía influyendo para que se entregaran estas ayudas a la industria de esta zona.
Guerrero ha explicado a la jueza Mercedes Alaya que Antonio Fernández se reunió con Ángel Rodríguez de la Borbolla, tras lo que recibió indicaciones del entonces consejero de Empleo para otorgar tres millones de euros a las empresas del exregidor, que se entregaron en tres anualidades distintas, 2005, 2006 y 2007. Sin embargo, la mayoría de las ayudas para empresas de la Sierra Norte las comprometió Viera. Él fue quien le ordenó que le otorgara ayudas al grupo de empresas de la Sierra Norte de Sevilla de José Enrique Rosendo, hijo del exalcalde de El Pedroso y "amigo" de Viera, y José María Sayago, y que incluso tras dejar su cargo en Empleo siguió "influyendo" para que estas empresas recibieran ayudas, lo que hizo que llegaran a financiarse "con dinero público".
Asimismo ha dicho que con anterioridad a 2001, el que fuera consejero de Empleo tenía un "compromiso" con la Sociedad de Desarrollo Local para participar económicamente en la celebración de las Feria Gastronómica de la Sierra Norte, que cada año se celebra en la localidad de El Pedroso, de donde es natural Guerrero. Según, el exdirector general también Viera también impulsó una subvención de 30.000 euros para el Ayuntamiento de esta localidad destinada a prevención de riesgos laborales, pese a que existía un informe desfavorable de la Junta
Otro de las empresas beneficiadas por Viera fueron las del sector del corcho, pues según ha señalado Guerrero a la magistrada, éste le dio indicaciones para "favorecer" a esta industria de la Sierra Norte, pese a que en otras provincias andaluzas también había empresas dedicadas a este sector. La Posada del Moro, un restaurante de Cazalla de la Sierra, al que Viera iba a comer los fines de semana, fue otra de las beneficiadas, ya que el exconsejero se comprometió con los gerentes a entregarles una ayuda. Lo mismo ha dicho sobre la Cooperativa Olivarera de Guadalcanal, localidad con cuyo alcalde Viera se comprometió a entregarle un millón de euros, según la declaración de Guerrero. También fue Viera el que se comprometió con "Fernando Rodríguez Villalobos", presidente de la Diputación de Sevilla, a otorgar una ayuda a la entidad Sevilla Siglo XII del ente provincial.
En cuanto a Aglomerados Morell, ha dicho que el ERE se hizo con fines "electoralistas", pues la intención era llevar la empresa desde Valencina hasta Villanueva del Río para favorecer a la alcaldesa de la localidad en las elecciones. Es más, ha asegurado que el exdelegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas, imputado en el caso, comprometió subvenciones para contratar a personal de Villanueva.
Así, ha insistido en que los criterios para otorgar las ayudas sociolabores eran muy "generales", y que partieron del entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y su viceconsejero Antonio Fernaández, imputado en la causa, probablemente "con el respaldo del Gobierno andaluz", según fuentes del caso. Fue Viera el que promovió el criterio, "político", de que las ayudas fueran discrecionales, reconociendo que a ellas sólo podían acceder personas cercanas a la Junta. Sobre el exconsejero
En cuanto a la gestión del despacho Villasís, uno de los investigados en la causa, Guerrero ha dicho que conoció a uno de sus socios, Carlos Leal, a raíz del nombramiento de José Manuel Lara como hijo predilecto de El Pedroso, ya que Leal pertenecía a la Fundación Lara. Según Guerrero, él fue quien le recomendó a Villasís que adelantase 240.000 euros a la Sociedad de Desarrollo, para que ésta pudiera llevar a cabo unos proyectos, porque así podría conocer a una serie de inversores que podrían trabajar con este despacho. Precisamente, la Sociedad se creó con parte de los 600.000 euros que Lara donó a la localidad.
El exdirector general también ha reconocido que el convenio bajo el que se aparaban estas ayudas no fue publicado y, por tanto, no lo podía conocer todo el mundo, sino sólo los más cercanos a la administración y a los sindicatos. De hecho, ha asegurado que las ayudas eran "como un producto de mercado" para organizaciones sindicales, despachos y comités de empresa. Es más, sobre las ayudas dadas a personas de forma individualizada ha afirmado que no había ningún tipo de orden que las regulara y que él las dio igual que las prejubilaciones dentro de empresas.
En cuanto a las facturas pagadas a despachos de abogados para asesorar en los ERE, ha dicho que él no las pagó y que sería Viera o el viceconsejero los que ordenarían el pago. Sobre las comisiones excesivas que cobraron las mediadoras Vitalia y Uniter, ha explicado que eran las únicas que admitían el pago "diferido" y que esto encarecía las pólizas, pero que se ha enterado ahora de las cantidades que cobraban. De haberlo sabido, "hubiera intentado que cobrasen dentro de la lógica de mercado", ha indicado. Sobre este capítulo también ha añadido que él cree que parte de estas comisiones "serían para los sindicatos", una conclusión a la que llega por su "experiencia profesional".
Asimismo, ha señalado que él daba cuenta al consejero y viceconsejero de Empleo de los pagos cruzados (una fórmula que empleaba para pagar algunas pólizas, destinando para ello dinero de otras) y que se tuvo que detraer cantidades para tapar huecos porque el IFA (la actual Agencia IDEA) no pagaba. De hecho, ayer dijo que durante nueve meses estuvo dando pólizas sin firmar convenios con el IFA para evitar conflictos laborales.
Guerrero también ha reconocido que algunas de estas ayudas podrían llevar detrás una maniobra para limpiar empresa de trabajadores y después venderla, como por ejemplo Yogures Andalucía, que fue adquirida por Central Lechera Española, o cervezas Alhambra.
El exdirector general también ha reconocido que "no tiene explicación razonable" de por qué se dieron tantas ayudas en un tiempo tan concentrado, como es entre la mitad de 2003 y 2004. A él le pareció "excesivo", ha indicado, pero lo hizo porque "fue Viera el que se lo ordenaba". Es más, estos pagos "se fraccionaban" para que fuera el exconsejero el único que tuviera que firmar como presidente del Consejo Rector.
EL CHÓFER
Sobre la póliza que recibió la madre de su exchófer, que está llamado a declarar como imputado el próximo 20 de marzo, ha negado que fuera él quien le indujera a falsificar la firma de la madre, Estrella Blanco. Fue el propio Juan Francisco Trujillo el que le planteó si su madre podría tener acceso a una ayuda sociolaboral, tras lo que le remitió a Vitalia, que le devolvió a él los documentos ya firmados por Blanco. "Si llega a falsificar la firma de su madre en mi presencia, en ese momento sale Trujillo y la póliza por la ventana", ha llegado a decir, tras reconocer que está "muy dolido" por esta acusación.
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