Fernando Fernández, ex director del Museo Arqueológico de Sevilla y de Itálica, con casi 40 años de experiencia, cree que es ineficaz la política contra el mercado clandestino de antigüedades y cuestiona el resultado de la operación policial Tertis, una de las mayores de la historia.
Fernández sostiene que la Dirección General de Bienes Culturales de la Junta de Andalucía "se ha negado siempre a adquirir piezas arqueológicas, pensando que era una manera de luchar contra las excavaciones clandestinas; y es posible que fuera así, si nadie comprara, pero en un mundo en el que todos compran, sobre todo los museos extranjeros, el que no compremos nosotros a nada conduce, más que a perder las piezas".
Además, aduce que "el ministerio compra, directamente y en las subastas públicas, y ejerce, como debe, los derechos de tanteo y de retracto. El comercio está permitido, lo que está prohibido y debe evitarse son las excavaciones clandestinas".
La Ley de Patrimonio dice que un objetivo prioritario será la recuperación del patrimonio andaluz que esté fuera de la región, pero, según el arqueólogo, "no se hace nada por evitar que salga, por lo que deberíamos reconocer que, si no somos capaces de evitar que se excave clandestinamente, hemos de comprar las piezas que están en el mercado antes de que salgan al extranjero y haya que comprarlas a más alto precio".
"En el Museo de Mainz (Alemania) se ha hecho una tesis doctoral con los vidrios que posee procedentes de la Bética; y se ha escrito un grueso volumen recogiendo los broches de cinturón de bronce visigodos hallados en Andalucía. ¿No hubiera sido mejor evitar que se fueran?", pone como ejemplo.
"Todo no puede hacerlo la Policía y la Guardia Civil; porque además, luego el juez dictamina que todo lo que se incauta en puestos de venta ambulante o registros domiciliarios debe devolverse a sus legítimos propietarios al no haber pruebas de que sean piezas procedentes de excavaciones clandestinas", señala en alusión a la operación Tertis, una de las mayores de la historia contra el tráfico clandestino de piezas arqueológicas y que, pese a los muchos detenidos y lo más incautado, al final ha quedado en apenas algo testimonial.
Insiste en que "la lucha contra las excavaciones clandestinas está mal enfocada. La solución está en las autoridades locales, que son, por otra parte, las responsables de la conservación de su patrimonio, pero se preocupan más de crear museos que de vigilar a quienes ellos saben que viven de este tráfico".
Castigo proporcionado. "No puede castigarse a un hombre porque esté haciendo un agujero para sacar una moneda y permitir que se destruya un monumento como el de Cercadillas, en Córdoba, o el subsuelo de la Encarnación, que llegó a calificarse del Gugenheim de Sevilla", señala. "La desproporción es tal que si a aquél hay que ponerle mil euros de multa, a los otros habría que darles cadena perpetua".
Y también critica la política de adquisiciones. En el Arqueológico, en los últimos años, no ha entrado ninguna pieza por adquisición, salvo las compradas por el ministerio: "Las últimas fueron las tablas de bronce de la lex romana de Irni". "Después, siendo yo director, hice un par de propuestas más y las adquirió el ministerio, pero me obligó a entregar una al Arqueológico Nacional y otra al de Mérida, y eran piezas de Sevilla; en vista de lo cual dejé de hacer más propuestas".
