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Fernando Mellet y Pilar Giraldo, imputados en el caso Mercasevilla, cambian de abogados defensores

el 13 ene 2011 / 14:52 h.

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El ex director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, y la ex responsable del área económico-financiera de la sociedad mixta Pilar Giraldo, ambos imputados en el caso que investiga el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, han decidido cambiar de abogados defensores a los dos años de que se iniciaran las investigaciones.

De esta forma, serán los letrados José Manuel Carrión --también letrado del hermano de Miguel Carcaño-- y Antonio Jiménez quienes se encarguen a partir de ahora de la defensa de Fernando Mellet y de Pilar Giraldo, respectivamente, según han hecho público en un comunicado de prensa ambos abogados.

En este sentido, los letrados señalan que, "con la nueva dirección técnica, evidentemente, se va a continuar con el sostenimiento de la inocencia de nuestros representados, así como a la preservación de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar y el derecho a que su imagen no se vea alterada por cualquier tipo de violación".

Al hilo de ello, ponen de manifiesto que "las causas por la cual nuestros representados han decidido prescindir de los servicios de sus anteriores letrados son exclusivamente de índole personal, habiéndose llegado posteriormente a la resolución de la relación de mutuo acuerdo".

De igual modo, informan de que se han puesto en contacto previamente con los anteriores asesores jurídicos de Mellet y Giraldo solicitándoles la oportuna venia, "ante lo cual aquellos se han ofrecido a establecer contactos al objeto de brindar su colaboración, no obstante lo cual, agradeciéndoles tal ofrecimiento, se ha considerado oportuno esperar hasta el momento en que se entregue la copia de la totalidad de las actuaciones por parte del Juzgado de Instrucción".

Hay que recordar que Pilar Giraldo recusó a la juez Mercedes Alaya argumentando que el marido de la juez de Instrucción número 6 fue el auditor de la sociedad mixta hasta que la empresa decidió prescindir de sus servicios en verano de 2002, "lo que podría determinar que, aún sin su intención, pudiera haber perdido la imparcialidad en su actuar", llegando a tener "un interés directo o indirecto" en la causa". Sin embargo, esta petición fue rechazada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial, quien además le impuso una multa de 1.000 euros.

 

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