El conflicto surgido entre el Palacio de Exposiciones y Congresos de Sevilla (Fibes) y su exgerente Felipe Luis Maestro ha acabado inclinándose por éste último. Al menos eso es lo que ha decidido un juzgado de lo Social, que ha declarado improcedente el despido de Maestro, condenando a Fibes a readmitirlo o a indemnizarlo con 218.256 euros, la cantidad que éste tenía pactada desde 2001 en caso de ruptura de su contrato.
El despido de Maestro se produjo a finales de 2011, seis meses después de la llegada del PP a la Alcaldía. Entonces el Consistorio alegó un "incumplimiento grave" en sus funciones al detectarse en una auditoría pérdidas de hasta 1,6 millones de euros en 2010. Fuentes municipales, explicaron entonces que la decisión se basó en esta auditoría, con la que consideraron que Maestro tomó decisiones que trajeron "graves consecuencias" a la entidad desde el punto de vista económico y patrimonial. El Consistorio hispalense preveía, además, que el año 2011 cerraría con una pérdida de un millón de euros.
Maestro recurrió entonces el despido al considerarlo improcedente, que ahora ha sido resuelto por el Juzgado de lo Social número 8 de Sevilla. La sentencia considera que no concurren los motivos alegados por la entidad de mala gestión, falsedad de cuentas, abuso de confianza o sobredimensión de la plantilla. Por ello, considera que el despido del exgerente debe considerarse como improcedente.
No obstante, el fallo judicial tampoco contempla las alegaciones realizadas por Maestro en su demanda, en la que indicaba que su cese se había producido por cuestiones ideológicas. Para el exgerente la causa de su despido estaba tras el cambio de gobierno municipal, pero ahora la titular del Juzgado de lo Social número 8, Carmen Durán, considera que éste no es el motivo de que se rompiera el contrato, pues el despido se produjo seis meses después de que se celebrasen las elecciones municipales.
De esta forma, la magistrada establece que Maestro debe ser readmitido en el que fuera su puesto o indemnizado con la cantidad de 218.256 euros, que era lo que él tenía estipulado en su contrato en caso de ruptura. Estas fueron las condiciones que él negocio a su llegada en 2001, con el que fuera concejal socialista Emilio Carrillo. La sentencia llega a hacer referencia de lo escandalosa que puede ser la cifra en los tiempos que corren y con los numerosos recortes que se están llevando a cabo en las administraciones públicas, pero al fin y al cabo destaca que fue lo que se pactó.
No obstante, fuentes municipales explicaron ayer que la sentencia será recurrida, aunque Fibes aún no la tiene notificada oficialmente. Por este motivo, ayer no quisieron entrar a valorarla desde el Ayuntamiento, que sí aclaró que en breve se convocará de forma extraordinaria al comité ejecutivo de Fibes para analizar la decisión judicial y acordar el recurso.
