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Fijado en noviembre el juicio de la demanda por el ERE del grueso de prejubilados de Mercasevilla

el 28 mar 2011 / 13:04 h.

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El Juzgado de lo Social número ocho ha recogido la demanda  promovida por el grueso de los extrabajadores de la sociedad mixta  Mercasevilla prejubilados merced al expediente de regulación de  empleo (ERE) impulsado en 2007, --de cuyas prestaciones se desliga la  Consejería de Empleo--, para reclamar los "compromisos" de pago de  dicho procedimiento, cuyo coste se eleva a 9.046.976,95 euros y que  figura en las diligencias incoadas por el Juzgado de Instrucción  número seis de Sevilla. La citada instancia judicial, de hecho, ha  señalado para el 23 de noviembre del año en curso la vista oral  correspondiente a esta demanda.

El presidente del comité de empresa de la sociedad mixta  Mercasevilla, Rafael Domínguez (CCOO), ha informado Europa Press de  que el Juzgado de lo Social número ocho se ha hecho cargo de esta  demanda y ha fijado para el 23 de noviembre la correspondiente vista  oral. Esta demanda, como ya se había informado, había sido firmada  por 34 de los 40 prejubilados del expediente de regulación de empleo  de 2007 y fue entregada el pasado 14 de febrero en el registro  general de los juzgados del Prado de San Sebastián.  

UNA DEMANDA CONTRA TODAS LAS PARTES

La demanda en cuestión deviene del fracaso de los actos de  conciliación celebrados previamente en el Centro de Mediación,  Arbitraje y Conciliación (Cemac) y carga contra el propio mercado  central de abastos, el Ayuntamiento hispalense y la sociedad estatal  Mercasa como máximos accionistas de la empresa, la Consejería de  Empleo, la división aseguradora del Banco Vitalicio y la consultora  'Vitalia Vida'.  

El Banco Vitalicio, a través de su división de Seguros Colectivos,  fue contratado por Mercasevilla para las pólizas de seguro de rentas  correspondientes a las prestaciones reconocidas en el marco de este  ERE, mientras la consultora 'Vitalia Vida', de otro lado, fue  contratada por la sociedad mixta para las labores de gestoría y  asesoramiento de los trámites administrativos correspondientes a  dicho procedimiento. Esta última empresa es una de las sociedades  investigadas por el Juzgado de Instrucción número seis por su  relación con la posible trama de prejubilaciones fraudulentas  descubierta en expedientes de regulación de empleo impulsados por más  de una treintena de empresas andaluzas e incentivados con fondos  autonómicos.

EL ERE DE GARRIDO SANTOYO

De hecho, en este expediente de regulación de empleo fue  prejubilado el ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén)  Antonio Garrido Santoyo, quien jamás ha formado parte de la plantilla  del mercado central de abastos y quien había sido detenido en el  marco de estas actuaciones.  

En concreto, el expediente de regulación de empleo impulsado en  2007 por el mercado central de abastos de Sevilla, cuyo coste se  eleva a 9.046.976,95 euros, fue aprovechado por aproximadamente 40  empleados para acceder a la prejubilación. No obstante, sus  prestaciones han quedado en el aire al desligarse la Consejería de  Empleo de la financiación de este procedimiento actualmente sometido  a investigación, en el marco de las diligencias incoadas por el  Juzgado de Instrucción número seis a cuenta de la anterior gestión de  la sociedad mixta.  

Para ser más precisos, la investigación del ERE de 2007 comenzó  con las diligencias relativas al posible delito societario  perpetrado, siempre supuestamente, por los ex directivos de  Mercasevilla Fernando Mellet y Daniel Ponce, imputados por el Juzgado  de Instrucción número seis tanto en estas actuaciones, como en el  presunto intento de cobro de comisiones ilegales protagonizado por  ambos y las posibles irregularidades detectadas en la enajenación de  los suelos del mercado central de abastos.

LOS FONDOS DE LAS PREJUBILACIONES

Y es que aunque el por entonces director general de Trabajo y  Seguridad Social de la Junta de Andalucía, Francisco Javier Guerrero,  había firmado entre 2007 y 2008 varios documentos mostrando la  "conformidad" de la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social  en cuanto al libramiento de fondos para las prejubilaciones de  trabajadores de Mercasevilla acogidos al ERE de 2007, el vigente  director general de Trabajo y Seguridad Social, Daniel Rivera,  advierte en un documento oficial recogido por Europa Press de que  estos actos firmados por Guerrero, fueron "meros actos de  comunicación huérfanos del sustento de cualquier resolución o  convenio".

De hecho, la investigación de la citada trama de prejubilaciones  fraudulentas incluye el acuerdo firmado entre la Dirección General de  Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía y el por entonces  Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), para que esta última  institución se convirtiese en la pagadora de las ayudas destinadas a  la reestructuración laboral de empresas en crisis. La Policía  Judicial, en ese sentido, cree irregular este método de libramiento  de fondos públicos al eludir supuestamente la Ley andaluza de  Subvenciones Públicas y la necesaria fiscalización.

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