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Financiación y ciudadanía

El acuerdo sobre financiación de las CCAA parece que está a punto de culminarse, al menos éste es el sentido de las informaciones que nos están llegando...

el 16 sep 2009 / 05:34 h.

El acuerdo sobre financiación de las CCAA parece que está a punto de culminarse, al menos éste es el sentido de las informaciones que nos están llegando. Tras una larga negociación y un proceso complicado y tortuoso, con desencuentros evidentes entre el Gobierno y algunas Comunidades, entre ellas Cataluña, se ve el final del túnel, se vislumbra una tenue luz que nos avisa de que el final está cerca. No ha sido fácil ni tenía que serlo, pues los intereses en juego, de todo tipo, contaminan una negociación en sí misma complicada, como complejo es el reparto de unos recursos siempre escasos para satisfacer necesidades que por su naturaleza podemos considerar ilimitadas. Si a ello se une los intereses de los partidos políticos de rentabilizar políticamente el alcance del acuerdo, los de los presidentes de la respectivas CCAA en presentar a los suyos unos buenos resultados, y los prejuicios de algunos españoles acerca de determinadas comunidades, el parto cuando se produzca se puede considerar casi un milagro.

Uno de los aspectos que más se ha resaltado en todo este proceso, y que de seguro será objeto de debate en los próximos días si se concreta finalmente el pacto, es el nacionalismo, es decir, la implicación que en el sistema de financiación tiene, de un lado, la defensa de nación española que, a juicio de algunos, puede quedar esquilmada por un excesivo protagonismo de las CCAA, sobre todo de Cataluña, en el manejo de los recursos económicos del Estado, y del nacionalismo de algunas comunidades, que contemplan el reparto de medios financieros como un vía de reconocimiento y satisfacción de su propia identidad.

Pero legos de todo ello, lo que está en juego en el tema que nos ocupa es la construcción de la ciudadanía y no de la identidad nacional, sea cual sea. Por ciudadanía hay que entender el ejercicio efectivo de los derechos de todas y todos cuanto pertenecen a una sociedad políticamente organizada, hace referencia pues al derecho a la salud, la educación, la vivienda? que han de disfrutar en iguales términos todas las personas con independencia donde residan. Lo anterior requiere de un Estado que asuma su protagonismo en la realización de esos derechos con políticas públicas que aseguren su extensión a todas y todos. Un Estado en el que se integran las CCAA, de cuya estructura forman parte, siendo así que están igualmente concernidas con los mandatos constitucionales del Estado Democrático y Social. Lejos está ya la concepción decimonónica que anudaba la pertenencia política a la nacionalidad, una nacionalidad que se construía y alimentaba de recursos emocionales propiciados por el himno, la bandera o la historia compartida, real o inventada, y que lógicamente se correspondía con una organización política raquítica, poco concernida con las necesidades de sus ciudadanos. Precisamente el fracaso de este modelo para alcanzar sociedades justas y solidarias, dio paso al fortalecimiento de la organización política, es decir, del aparato del Estado como la opción más racional para la atención de las necesidades de la ciudadanía. Y es esto lo que se está dilucidando en el sistema de financiación de las CCAA; de ahí que el criterio de la población así como las características de la misma sean determinante para fijar el reparto de los fondos del Estado, pues en última instancia son las personas las titulares de unos derechos que deben realizarse en iguales términos con independencia de la Comunidad a la pertenezcan o se integren.

Rosario Valpuesta es catedrática de Derecho Civil de la Pablo de Olavide

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