“Voy a firmar por la cuenta que me trae”. El comentario es de una de las periodistas que ayer acudió a cubrir el inicio de la campaña de recogida de firmas iniciada por sindicatos, colectivos sociales y asociaciones de vecinos, consumidores y afectados para promover una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en el Congreso para que se reforme la ley hipotecaria y la entrega del piso salde la deuda con el banco , la llamada dación en pago. Entre 2007 y 2011, solo en Sevilla se han producido 14.000 ejecuciones de hipotecas –paso previo al desahucio de sus propietarios o inquilinos para sacarla a subasta–. La periodista que ayer firmó paga religiosamente su cuota mensual pero sabe que si se queda en paro, y su profesión está siendo la segunda más castigada en esta crisis tras la construcción, no podrá hacer frente a ésta y el banco se quedaría con su casa y seguiría teniendo que pagarle.
La campaña, a nivel nacional, está promovida por UGT y CCOO, la Plataforma de afectados por la hipoteca, la Confederación estatal de asociaciones de vecinos, la Red europea de lucha contra la pobreza EAPN y el Observatorio de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. El objetivo es lograr las 500.000 firmas necesarias para que la Iniciativa llegue al Congreso. En Sevilla, la recogida comenzó ayer en un lugar “simbólico” como el Banco de España y se sumaron los portavoces municipales de PSOE e IU, Juan Espadas y Antonio Rodrigo Torrijos respectivamente e incluso la propia consejera de Fomento, Elena Cortés (IU), un gesto del Gobierno andaluz que el PP-A tildó de “teatro” con fines electoralistas.
Algo de puesta en escena hubo, ya que el set para firmar permaneció solo el rato en el que las cámaras y periodistas acudieron a la hora convocada en la que los representantes sindicales –que reclamaron a los partidos políticos que “se mojen”–, de movimientos ciudadanos como Facua y responsables públicos iban a firmar. No obstante, algún que otro ciudadano que pasaba por allí suscribió la petición. La campaña real será la que en los próximos días sindicatos y asociaciones llevarán a centros de trabajo, movimiento asociativo y a la calle en general. Los líderes sindicales, Juan Antonio Gilabert y Alfonso Vidán, confían en que antes de verano se logre el objetivo dado que se trata de un problema cada vez más extendido –los desahucios se han disparado un 133% desde 2009–.
Alquiler social. Los sindicatos defienden que se modifique la ley no sólo para que la dación del piso salde la deuda sino para arbitrar “medidas para evitar desahucios, que son un atentado contra la dignidad de una persona”. “Hay que darles una oportunidad a esas personas y no echarlas como perros”, reclamaron. Su propuesta es el llamado alquiler social, que permite permanecer en la casa “sólo pagando el 30% de sus ingresos durante cinco años”.
Los portavoces municipales de PSOE e IU presumieron de estar “del lado de las víctimas”. Espadas justificó que el agravamiento de la situación haga necesaria ahora la modificación de la ley, que se comprometió a impulsar como senador, y alabó que los ciudadanos tomen la iniciativa ante la que defendió que los grupos políticos “no pueden permanecer al margen”. Torrijos tildó de “inasumible e inaceptable que los que son las víctimas de la crisis sean los que la paguen”.
Desde Facua, su portavoz Rubén Sánchez culpó a los bancos de haber provocado la situación inflando los precios del mercado inmobiliario y aprovechó, tras la nacionalización de uno de ellos, qué va a hacer el Gobierno con los pisos de Bankia y si va a frenar los desahucios previstos por ésta
