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Anticorrupción corrige a Alaya por usar un trámite erróneo en Merca

El fiscal advirtió a la jueza de que había errado al convertir la causa en un sumario. Alaya en lugar de rectificar decidió preguntar a las partes si su auto era nulo

el 10 dic 2013 / 16:08 h.

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Alaya_juzgado_jueza La jueza Mercedes Alaya no está en su mejor momento. Viene quejándose de la “falta de medios” y de que la cantidad de trabajo excede sus “capacidades personales”, lo que ha quedado patente después de que dictara un auto en el que convertía en sumario la causa por la venta irregular de los suelos de Mercasevilla, cuando la misma no se ajustaba a este procedimiento. Así se lo dejó ver la Fiscalía Anticorrupción en un recurso que presentó pocas horas después contra dicho auto. Alaya, lejos de reconocer su error, decidió dictar entonces una providencia en el que consultaba a las partes su opinión sobre el procedimiento adecuado a seguir. Las defensas de los 18 imputados ya han sido claras: el auto es “nulo”. No es la primera vez que la titular del Juzgado de Instrucción número 6 comete un error de bulto, pues recientemente citaba a declarar, en esta misma causa, a dos personas que no eran las que ella quería en realidad. Esta vez la magistrada dictaba un auto con el que daba por cerrada la investigación agravando los delitos que imputa a los supuestos responsables, entre ellos el portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos. Así justificaba la transformación de la causa en sumario para remitirlo a la Audiencia Provincial para su enjuiciamiento. Este auto fue dictado el martes y, horas después la Fiscalía le remitía un recurso contra el mismo en el que, según las fuentes consultadas, no se le indicaba expresamente que había “cometido un error al interpretar la Ley”, pero sí se le hacía ver que “no procede” acordar un sumario en este caso, sino que debía convertirse en un “procedimiento abreviado cuando corresponda”. Ante dicho documento, la jueza, aunque sin informar al resto de partes personadas, decidió emitir una providencia, con fecha 5 de diciembre, en la que solicitaba la opinión de los abogados al respecto, llegando a citar incluso la Ley del Jurado y planteando la posible “nulidad de su auto”. Las respuestas de las defensas no se hizo esperar y ayer ya le remitieron su opinión al respecto en la que piden la “nulidad” por “no concurrir exigencias procesales que abocan el procedimiento a su tramitación por las reglas del procedimiento abreviado”. Uno de los abogados defensores explica en su escrito que “es clara la incompetencia del tribunal del jurado para el enjuiciamiento de esta causa”, incidiendo en el procedimiento abreviado pues los delitos que ella imputa “no superan en abstracto los nueve años de prisión, único límite temporal que sirve de frontera para el enjuiciamiento” de un sumario. Por ello concluye, tras anticipar “la nula participación” de su defendido, reclama la “nulidad del auto del 3 de diciembre”. La Fiscalía también le ha remitido un escrito en el que le recuerda que su opinión ya fue recogida en su recurso de reforma. Las fuentes consultadas también explicaron que el hecho de que el procedimiento que se elija finalmente sea el abreviado no implica que no sea juzgado por la Audiencia Provincial, pues dependerá de las penas que se reclamen en su momento. Asimismo, hay fuentes que aún mantiene que a la jueza tiene todavía pendiente diligencias por practicar, aunque otras aseguran que en el juzgado ya dan por terminada esta rama del caso Mercasevilla, que supone la primera macrocausa a la que Alaya le daría ya el cerrojazo. El origen de esta causa fue la investigación por el supuesto cobro de comisiones ilegales por parte de la directiva de Mercasevilla a los empresarios de La Raza por hacerse con la explotación de la escuela de hostelería. Un caso que ya fue juzgado por un jurado y que acabó con la condena a 21 meses de inhabilitación y 600.000 euros de multa del exdirector de la lonja Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas. En esta otra rama, hay 18 personas imputadas entre las que se encuentran, además de la directiva del mercado central y de Torrijos, los exgerentes de Urbanismo Manuel Marchena y Miguel Ángel Millán, el exconcejal socialista Gonzalo Crespo y el exdirector de Vía Pública y exasesor socialista Domingo Enrique Castaño, además de varios empresarios. La jueza está convencida de la “preparación” del concurso público para la venta de los terrenos, con el fin de que fueran adjudicados a la constructora Sanma, filial de Sando, ya que le fue adjudicado por 106 millones de euros, pese a que existía una oferta por 158 millones. Los delitos a los que aludía su auto llegan a penas de ocho años de cárcel.

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