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Fiscales de Sevilla, Córdoba y Huelva piden cambios en la Ley del Menor

El debate se ha precipitado. En pocos días han violado a dos niñas de 13 años, y lo han hecho chicos en pandilla que aún van al colegio. El Gobierno quiere evitar que este crimen les fuerce a repensar la Ley del Menor, pero antes, la Fiscalía de Córdoba, Huelva y Sevilla ya reclamó modificarla al ver cómo delitos juveniles graves se escapan a la acción judicial. >>>El juez ordena el internamiento de cuatro menores implicados y deja fuera a tres >>>¿El crimen tiene eco?

el 16 sep 2009 / 06:00 h.

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El debate se ha precipitado. En pocos días han violado a dos niñas de 13 años, y lo han hecho chicos en pandilla que aún van al colegio. El Gobierno quiere evitar que este crimen les fuerce a repensar la Ley del Menor, pero antes, la Fiscalía de Córdoba, Huelva y Sevilla ya reclamó modificarla al ver cómo delitos juveniles graves se escapan a la acción judicial.

El mensaje del Gobierno central y del andaluz es de calma. Distintas voces del Ejecutivo salieron ayer a tranquilizar a la sociedad andaluza, convulsionada por la noticia de que dos niñas de 13 años, una de ellas deficiente, han sido violadas en pocos días por grupos de adolescentes. La mayoría de los agresores -ahora hay cinco imputados en Baena (Córdoba) y cuatro en Isla Cristina (Huelva)- eran menores de edad. En total fueron detenidos 13 chavales, y sólo uno está en la cárcel por tener más de 18. Siete menores han sido internados en centros de reforma por orden de la Fiscalía. Y cuatro han quedado en libertad vigilada, sin cargos ni imputación, porque están por debajo de la edad de responsabilidad penal (14 años).

Ambas violaciones han ocurrido en pueblos pequeños, de 21.000 habitantes, donde las víctimas estudiaban en las mismas escuelas que algunos de sus agresores. La sociedad ha reaccionado, primero con estupor, y luego con indignación, y ha emprendido una huida hacia adelante para denunciar que "la ley es muy suave con los delincuentes más jóvenes".

A esto es a lo que el Gobierno ha querido responder cuanto antes. "No se puede legislar a golpe de efecto siempre que surge un suceso que conmociona a la gente", decía ayer Carmen Belinchón, directora general de Infancia y Familia de la Consejería de Bienestar Social. Sin embargo, desde el Ministerio Fiscal niegan que tales reflexiones se produzcan "en caliente". A raíz de estos sucesos, las Fiscalías provinciales que se están encargando de las violaciones -Córdoba y Huelva- fueron consultadas por este periódico, y ambas reconocieron que mucho antes, y en varias ocasiones, los fiscales habían pedido introducir modificaciones en la Ley del Menor.

También la Fiscalía de Sevilla, que ha llevado el caso Marta del Castillo, recuerda que hace tres años (2006), cuando se planteó la primera revisión de la ley, pidieron que se permitiera imputar a menores de 12 años en delitos graves "con violencia o intimidación".

El fiscal jefe de Córdoba ha sido el más contundente: "En numerosas ocasiones, este fiscal ha pedido una reforma de la ley que permita actuar con menores de 14 años" al detectar "cada vez más casos graves en menores en los que ni fiscal ni juez pueden actuar en la vía de la reforma". Los juzgados de menores de Córdoba, junto con los de Almería, son los que más delitos juveniles soportan: un 52% más de la media que establece el Consejo General del Poder Judicial (650 asuntos al año) en Almería, y un 33% más en Córdoba. El 15% de los que llegan a la Fiscalía cordobesa son delitos cometidos por jóvenes inimputables, menores de 14 años.

En Huelva, la Fiscalía recordó ayer que también se pidió "reformar puntos concretos de la Ley del Menor, porque el tipo de delincuencia juvenil ha cambiado mucho", aunque los cambios que planteaban eran "más procesales que de política criminal". Sin embargo, en la memoria de 2008, el fiscal de Huelva dice: "igual que en 2007, no se observa un incremento de delitos cometidos por menores de 14 años, ni en la cuantía ni en la entidad, que aconsejen rebajar la edad penal a los 12 años".

También la Fiscalía Superior de Andalucía advierte en la memoria de último año que entre los "aspectos más preocupantes, cabría recordar que persiste la negativa tendencia del mayor número de agresiones producidas por menores", pero añade que "en relación con las infracciones cometidas por menores de 14 años, salvo casos excepcionales, las más frecuentes son lesiones y hurto, delitos de robo con fuerza o violencia y algunos casos de abusos sexuales".

legislar bajo presión. En los últimos nueve años, la Ley (5/2000) Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores ha sufrido más de media docena de modificaciones puntuales. Varios gobiernos han pasado por Moncloa desde entonces y han introducido retoques en el texto original, pero ninguno, ni el PSOE ni el PP que ahora reclama un endurecimiento de las penas, decidió rebajar la edad penal a los 12 años. En Alemania, Bélgica, Reino Unido y EEUU, la edad mínima para ingresar en prisión es de ocho años. El secretario general del PP-A, Antonio Sanz, anunció ayer que va a presentar en el Parlamento una proposición no de ley para reformar la Ley del Menor. Esa decisión compete al Congreso, por eso su homóloga en Madrid, Dolores de Cospedal, presentará la misma proposición en la Cámara Baja.

En el marco jurídico, las cuatro asociaciones de jueces de España coincidieron en que una reforma legal no es la solución frente a delitos de menores. El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, Antonio García, prefirió buscar respuestas en el modelo educativo antes que en el cuerpo de leyes. Y Jueces Para la Democracia dijo que una reforma de la ley no debería hacerse nunca "al socaire de asuntos luctuosos o mediáticos". El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió que la ley, aunque no castigue a los menores de 14 años, sí permite la adopción de medidas socioeducativas "muy importantes en situaciones dramáticas como éstas".

Donde confluyen todos los discursos es en la educación. Desde todos los ámbitos se defiende que la educación, tanto en la escuela como en la familia, es el escenario donde se debe prevenir la violencia juvenil. La Fiscalía Superior ha encontrado el origen de la mayor agresividad de los jóvenes en "el consumo excesivo de alcohol y drogas, unido al fracaso escolar y a la ausencia de mecanismos de control en la familia". El TSJA enjuició el año pasado a 6.811 menores, de los que el 68% tenían entre 16 y 17 años. El 45% fue internado y el 38% quedó en libertad vigilada.

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