Los fiscales de Extranjería y Menores de Cádiz, Almería y Granada, y las ONG alertan de que los centros de acogida sufren aún un elevado número de fugas. La Junta no ofrece datos pero asegura que el fenómeno es más minoritario ahora que hace cinco o seis años cuando, según el Defensor del Pueblo, abandonaban los centros el 57% de los menores.
Según los datos de la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social, en estos momentos la Junta tutela en sus centros de acogida a 865 menores extranjeros que llegaron no acompañados a Andalucía. Este dato ascendía a más de mil hace un año y es muy inferior (supone apenas el 25%) a los 3.312 menores que han llegado a Andalucía en los dos últimos años (a razón de 32 cada semana). La Consejería explica esta diferencia en que "en los últimos meses se ha reducido el número de llegadas" y en que "muchos de estos menores cumplen la mayoría de edad", según explica la directora general de Infancia y Familias, Carmen Belinchón, quien, a pesar de todo, admite que "desde 2005 empezaron a llegar menores a Andalucía con menor edad que antes, de entre 14 y 15 años". Los fiscales de las provincias más receptoras de inmigración ilegal -Cádiz, Granada y Almería- y las ONG explican en gran parte esta diferencia en que el número de fugas de los centros de acogida sigue siendo alto.
El presidente de Andalucía Acoge, Ángel Madero, si bien considera que los abandonos de los centros "son ahora menos que hace cinco o seis años", destaca que "aún siguen produciéndose" y critica "las carencias del sistema de la Junta para contabilizar y registrar a estos menores".
"En las provincias más cercanas a Marruecos -destaca Madero-, como las andaluzas, los menores siguen teniendo el temor de ser repatriados y esto es la causa de las fugas".
La Asociación Pro-Derechos Humanos de Andalucía critica que "la situación respecto a los menores extranjeros no acompañados no mejora" y considera aún "muy preocupante" el número de abandonos que se producen en los centros, según explica Brigitte Espuche, quien carga contra la administración "por la poca transparencia de la información".
Los centros de acogida no son de régimen cerrado (como el de un correccional) sino abierto. Sin embargo, cada vez que se produce una fuga, cada centro tiene la obligación de denunciarlo ante la Policía Autonómica. Ni ésta ni la Consejería de Igualdad han ofrecido datos de los abandonos definitivos de estos centros.
Para hallar la última cifra de un organismo oficial al respecto hay que remontarse a un informe del Defensor del Pueblo y del Menor Andaluz de 2004, con datos de hasta el primer semestre de 2002 -cuando aún se practicaban repatriaciones en Andalucía-. Según el documento, que analiza la situación de una veintena de centros, el porcentaje de "fugas" o "abandonos definitivos" es del 57,68% (458 de 794 menores extranjeros acogidos). En algunos centros la cifra es incluso superior al 85%.
Belinchón asegura que esta situación se debe a que "entonces existía la amenaza real de la repatriación, puesto que hasta 2003 se hicieron repatriaciones, y los menores ante este temor se fugaban".
Aun así, Belinchón, quien no concreta cuántas se realizaron, reconoce, a pesar de todo, que actualmente al 75% de los menores que llegan a Andalucía se les realiza un expediente de su situación "para plantear su reagrupación familiar" que se envía a las Subdelgaciones del Gobierno correspondientes, los organismos encargados de iniciar y, en su caso, resolver a favor los expedientes de repatriación.
"Al 25% que no se le hace el informe -añade- es porque no logramos obtener información sobre su familia de origen, el menor miente sobre su identidad y no da ningún dato o porque se determina que la situación de su familia en Marruecos es muy precaria y no debe ser devuelto a su país", subraya Belinchón.
