La torre de 178 metros de altura que Cajasol-Banca Cívica levanta en la Cartuja "incumple el ordenamiento jurídico y los requisitos exigibles en materia de seguridad". Eso es lo que dijo ayer, en varias ocasiones, la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su visita al Ayuntamiento, abriendo así un nuevo frente contra el proyecto de César Pelli, ahora por una posible afección o invasión del espacio aéreo. Y todo por un conflicto que viene de lejos entre el anterior gobierno local de PSOE-IU con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA).
El alcalde, Juan Ignacio Zoido (PP), amenazó con paralizar las obras tras un informe de un órgano asesor de la Unesco que advertía de que la Catedral, el Archivo de Indias y el Alcázar podrían perder su título de Patrimonio de la Humanidad, algo sobre lo que la Unesco no debatirá hasta junio. Sin embargo, el alcalde suavizó su postura y admitió después que, de parar las obras, tendría que indemnizar al promotor del rascacielos porque el proyecto tiene la licencia de obra en regla. Así que, la ministra le echó ayer un cable a Zoido para intentar, si no tumbar, sí recortar la torre.
Pastor anunció ayer que hace dos meses se multó con 140.000 euros al promotor del proyecto por no pedir autorización a AESA por la posible invasión del espacio aéreo y que el plazo para pagar vence en los próximos días. Pero, ¿se sancionó a Cajasol por no pedir la autorización o por invadir el espacio aéreo? La ministra no lo aclaró, sembrando más dudas. "Se tiene que adaptar al ordenamiento jurídico y la seguridad aérea", reiteró.
Así, el Ayuntamiento tiene ahora otro frente con el que presionar a Cajasol, pero la entidad financiera sigue defendiendo y haciendo crecer su proyecto.
Puerto Triana, la empresa que levanta la torre (Cajasol-Banca Cívica), trabaja ya en el recurso vía contencioso-administrativo contra la sanción que presentará antes de que expire el plazo y sostiene que para la obtención de la licencia de obras el Ayuntamiento no le pidió tal autorización de AESA. "Se actuó según la normativa municipal vigente", sostienen.
El origen del problema radica en que el PGOU de 2006, según fuentes municipales, no cumplía los preceptos establecidos en materia de seguridad aérea al no recoger la obligación de informar a las autoridades aéreas de los edificios de altura. Además, el PGOU no considera Puerto Triana en zona de servidumbre aérea, ni el propio plan director del aeropuerto de Sevilla, según fuentes consultadas, de ahí que la Gerencia de Urbanismo no reclamase tal documento a Cajasol para poder levantar la torre.
Sin embargo, AESA -dependiente del Ministerio de Fomento-, informó en 2010 a Puerto Triana que tanto el rascacielos como la propia obra de construcción -por las grúas- podrían afectar a las operaciones del aeropuerto de San Pablo, se podrían vulnerar distintas superficies limitadoras de altura asociadas a maniobras de aproximación al aeropuerto.
Eso sí, AESA añadió que, aún existiendo esas afecciones, el rascacielos y las grúas-torres podrían ser autorizadas con carácter excepcional si se aportase un estudio aeronáutico, firmado por un técnico titulado competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente, que acredite que en caso de autorizarse excepcionalmente estos elementos, no comprometen la seguridad, ni queda afectada de modo significativo la regularidad de las operaciones del aeropuerto.
Como la Gerencia de Urbanismo consideró que los terrenos donde se levanta la torre -cuya estructura está a punto de llegar a la planta 20- no estaban en ninguna de las zonas de servidumbres aeronáuticas, la licencia de obra no requería la resolución favorable de AESA.
Desde Puerto Triana se apunta que en el PGOU de 2006 se dice que los terrenos donde se construye el rascacielos no están afectados por servidumbres aeronáuticas y que la Dirección General de Aviación Civil no alegó contra ello en su informe sobre el Plan General. No obstante, en el PGOU no viene recogida la construcción de un edificio de 178 metros de altura, algo que sí se plasmó posteriormente en el Plan Especial de la zona.
Así que, mientras que el anterior gobierno municipal consideró que la torre no afectaba al tráfico aéreo y no reclamó tal autorización para conceder la licencia de obras, AESA sí advirtió de que era necesario tramitar las solicitudes de autorización. Por eso Cajasol consideró siempre que era un problema entre el Consistorio y Fomento.
Ayer, Pastor anunció que en los próximos días habrá una reunión en Madrid entre los técnicos del Consistorio y de la Agencia de Seguridad Aérea "para analizar las actuaciones de futuro y los requerimientos técnicos de cualquier infraestructura".
El director del aeropuerto cree que no afecta
¿Afecta o no la torre al tráfico aéreo? Eugenio Pérez, director del aeropuerto de San Pablo, aseguró en una entrevista a El Correo que la prolongación de la pista del aeródromo sevillano "está más o menos por el puente del Alamillo y la torre Pelli está más al Sur". "Yo entiendo que no debe haber problemas con su construcción", añadió. Sin embargo, con la llegada de la ministra de Fomento, Ana Pastor, a Sevilla a casi un mes de las elecciones autonómicas -para apoyar las tesis del Ayuntamiento del PP y sembrar dudas sobre la legalidad de la torre- ha reabierto un viejo debate, un argumento que ya vienen planteando los miembros de la plataforma Túmbala: el rascacielos no tiene la autorización de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, de ahí la multa de 140.000 euros a Cajasol por no pedir dicho permiso.
Lo cierto es que la falta de este mero trámite administrativo podría dar razones al Gobierno de Juan Ignacio Zoido para pedir el recorte de la torre o incluso ordenar la paralización de las obras. No hay que olvidar que Fomento obligó a rebajar la altura de las torres previstas en los antiguos suelos de Repsol en Málaga, así como en los cuatro rascacielos proyectados en la Térmica de esa ciudad. No obstante, el caso malagueño no es comparable al de Sevilla porque, según el plan director del aeropuerto y los técnicos de Urbanismo (los mismos que siguen hoy trabajando con el gobierno de Juan Ignacio Zoido), el rascacielos no está en zona de servidumbre aérea.
Además, la propia Agencia indicó en 2010 que se podría autorizar el proyecto si se presentan informes favorables de técnicos especialistas.
Para resolver el embrollo, se podrían realizar tres informes: sobre la servidumbre radioeléctrica (los sistemas de ayuda a la navegación, la recepción de señales de los aviones), sobre la servidumbre de operaciones (los márgenes de maniobra establecidos)y sobre la denominada servidumbre aeródromo (un estudio sobre si la altura de la torre, con 178 metros de altura, supera ciertos planos inclinados necesarios para proteger los aterrizajes y los despegues de los aviones).
