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Fomento encomienda la política de vivienda a la rehabilitación

La Junta invertirá 45 millones a esta partida en 2013, la única que resiste los recortes

el 09 dic 2012 / 20:17 h.

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Muy poco se sabe de las líneas que marcarán la política pública de vivienda de la Junta los próximos cuatro años. A finales de mes expira el Plan Concertado de Vivienda y Suelo 2008-2012, cuyas previsiones, que se elaboraron cuando aún no había estallado la crisis, no se han cumplido ni de lejos. La Consejería de Fomento y Vivienda ultima el balance -nada halagüeño- de este documento para poder diseñar el siguiente. Ya ha habido reuniones con sindicatos y empresarios pero falta conocer, sobre todo, el dinero que vendrá a Andalucía del Estado, de ahí que la consejería reclame constantemente la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Vivienda.

El departamento que dirige Elena Cortés (IU) sí tiene claro cuáles serán las prioridades del próximo plan. La lucha contra los desahucios -bandera de esta consejería-, el fomento del alquiler y la rehabilitación coparán los esfuerzos presupuestarios de un departamento con muy poco margen de maniobra. Atrás quedarán las grandes cifras del anterior Plan Concertado, que preveía la construcción de 132.000 nuevas VPO. Los sucesivos recortes a las políticas de vivienda y el cierre del crédito bancario han convertido en "papel mojado" el plan, según los sindicatos y la patronal. El nuevo documento tendrá indiscutiblemente el sello de IU y en él primará la sostenibilidad, la ayuda a los colectivos más desfavorecidos y la autoconstrucción.

De las pocas partidas que se mantendrá e, incluso, se incrementará es la rehabilitación. En 2013 moverá 96 millones de euros en Andalucía, entre inversión público privada. La inyección pública será de unos 45 millones -este montante contempla los 10 millones del Plan Especial de Choque contra el paro- y el resto serán aportaciones de los propios ciudadanos que quieran acogerse a los programas de la consejería. La Junta calcula que todo ello creará 8.890 empleos directos. Mientras que en una obra nueva cada euro que se invierte se traduce en un puesto de trabajo, en la rehabilitación se generan tres empleos. Además, esta faceta de la construcción favorece la reconversión parcial de los trabajadores del ladrillo que han perdido su empleo por la crisis.

Más desfavorecidos. Las actuaciones de rehabilitación en edificios y viviendas, generalmente del casco histórico o barriadas, sirven para eliminar humedades, distribuir mejor los espacios interiores o reparar la red de saneamiento (agua, gas, electricidad...). Pueden acceder a estos programas públicos los dueños, inquilinos y comunidades de vecinos con rentas bajas (con ingresos de entre 7.300 y 18.400 euros al año). Al margen de los pisos de titularidad privada, la consejería aumentará en un 274% su inversión para rehabilitar el parque público de vivienda, gestionado por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). El próximo año se destinarán 8,14 millones para ello. En su defensa de los más débiles, el departamento que dirige Elena Cortés ha tomado decisiones llamativas, como ordenar paralizar los desahucios en las viviendas públicas o recortar los directivos y los privilegios de EPSA, lo que ahorrará dos millones de euros al año. Medidas ejemplarizantes para una consejería que cada año cuenta con menos recursos.

El 77% de los andaluces que piden una VPO tienen rentas bajas

El 84% de la población andaluza -6,9 millones de personas- reside en los 375 municipios donde ya están abiertos los registros municipales de demandantes de viviendas de protección oficial (VPO), las bases de datos en manos de los ayuntamientos para conocer la oferta y la demanda de vivienda protegida. En muchas de estas localidades, que se corresponden con las de mayor concentración de población, ya se están realizando adjudicaciones mediante esta herramienta.

Desde el punto de vista económico, el retrato robot de la demanda de VPO en la comunidad autónoma andaluza elaborado por la Consejería de Fomento y Vivienda, dirigido por Elena Cortés, desvela que el 77% de los interesados no supera los 1,5 veces el Iprem (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples), lo que equivale a unos 19.000 euros brutos anuales. La horquilla comprendida entre el 1,5 y el 2,5 veces el indicador de renta, es decir hasta los 29.000 euros brutos, aglutina el 18%. Ambos tramos de ingresos suman el 90% de la demanda y tan sólo el 5% restante de los demandantes cuenta con niveles de renta más elevados superiores al 2,5 veces el Iprem.

El alquiler, y concretamente el arrendamiento con opción a compra, constituye la modalidad más solicitada, lo que constata el cambio de tendencia en las preferencias de los adjudicatarios, que han pasado de la venta, la opción hasta ahora más habitual y tradicional, a regímenes alternativos a la propiedad.

El alquiler con opción a compra, que aglutina el 47% de las demandas, ofrece a los usuarios la posibilidad de acceder a la propiedad del inmueble pasados diez años, con la particularidad de que al precio final del piso que adquieren se le descontará parte del dinero que se haya abonado en concepto de rentas. Las unidades familiares menores de 35 años constituyen el perfil mayoritario de los registros, con casi un 63% de la demanda. 

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