El juez del caso del accidente de la A-7 en Almuñécar (Granada), en el que murieron seis trabajadores, decidió ayer apartar del procedimiento al que fuera jefe de Demarcación de Carreteras, Juan Martín Enciso, cuya acusación solo ejercía el sindicato CCOO, tal y como había solicitado su letrado al inicio del juicio. El titular del Juzgado de lo Penal 1 de Motril aceptó decretar la nulidad parcial del auto de apertura oral en lo referente a este excargo de Fomento, mientras mantuvo la validez del resto de actuaciones. El suceso se produjo el 7 de noviembre de 2005 en el viaducto de Río Verde de la A-7, en Almuñécar, y costó la vida a seis trabajadores. Están imputadas doce personas.
En la sala de vistas, abarrotada y con una maqueta de la autocimbra siniestrada en el centro de la misma, el abogado de otros cuatro acusados solicitaron la nulidad de las actuaciones al considerar que ha habido "falta de tutela judicial efectiva, una desigual y desequilibrada instrucción y acusaciones sorpresivas". La sesión continuó con la declaración de Pablo Jiménez, ingeniero director del proyecto del tramo La Herradura-Taramay. El juicio se celebra más de seis años después de lo ocurrido y a dos años y medio de que se decretara la apertura de juicio oral por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 2 de Almuñécar, que consideró que de la instrucción se desprendía la "existencia de indicios racionales de criminalidad" para imputar de manera provisional a los acusados. Las obras fueron promovidas por Fomento y adjudicadas a la UTE La Herradura, que suscribió con la empresa Estructuras y Montajes de Prefabricados S.A. un contrato de ejecución de obras. El viaducto Río Verde se desplomó matando a seis personas y provocando lesiones de diversa consideración en otras cinco. La Fiscalía pide penas de hasta cuatro años de cárcel para once de los imputados.
