Economía

Fomento quita por decreto sus privilegios a los controladores

Blanco ve «intolerable» pagarles salarios millonarios mientras se pide austeridad

el 05 feb 2010 / 11:44 h.

Los controladores aéreos no podrán utilizar su posición como arma arrojadiza en Semana Santa para colapsar los aeropuertos españoles. El Consejo de Ministros aprobó ayer un Real Decreto Ley por el que el Ministerio de Fomento, a través de AENA, asume la organización de este sector. Con ello, el Gobierno zanja de un plumazo el conflicto con este colectivo después de que el pasado domingo se dieran por rotas las negociaciones, en las que uno de los principales escollos era el sueldo que actualmente cobran los controladores. Además, abre la puerta a la entrada de operadores privados que tengan la licencia europea.

El ministro de Fomento, José Blanco, justificó ayer la aprobación del Real Decreto Ley por razones de "efectividad" y para que los "costes sean asumibles".

Blanco indicó que estas circunstancias no estaban garantizadas en este momento y añadió que ante la falta de acuerdo con los controladores para la firma de un nuevo convenio se ha tenido que adoptar una decisión que resuelva el conflicto. El ministro dejó claro que se ha intentado alcanzar un acuerdo a través de más de 65 reuniones, pero que los controladores han presentado unas propuestas que han agravado la situación.

El ministro destacó entre esos planteamientos un aumento de los salarios, que no son "tolerables", porque una empresa pública no puede pagar sueldos millonarios, cuando "se está pidiendo a los españoles austeridad".

No obstante, dijo que se mantienen abiertas las negociaciones con los controladores y apeló a la responsabilidad de todos para encontrar una solución -Fomento quiere firmar el convenio colectivo antes del 31 de marzo-.

Sueldos desorbitados. El ministro ofreció como ejemplo la cifra de que, si se hubiesen aceptado las exigencias de los controladores en 2012, los salarios de éstos -una media de 350.000 euros al año- subirían prácticamente un 70%, algo que "España no puede permitirse".

El recorte salarial que se aplicará a los controladores posibilitará, según Fomento, rebajar en al menos un 15% las tasas de navegación aérea, en tanto que se frenará el incremento del déficit de AENA, que estaba creciendo a un ritmo anual de 300 millones.

Blanco resaltó que "no podemos pagar por un servicio público un coste que es el doble de lo que cuesta en Europa", algo que para él es "incompatible" con el sentido más elemental de la prudencia retributiva que debe imperar en un servicio público.
Con su entrada en vigor -la norma fue publicada de urgencia ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE)- se evita que, como en la actualidad, una de cada tres horas trabajadas por un controlador se consideren extras y se pague el triple que una normal.

Hasta ayer, los controladores trabajaban unas 600 horas extraordinarias anuales y ahora se van a quedar en 80.

Liberalizar el servicio. Otra acción destacada por el ministro es la de liberalizar el servicio del control aéreo, de forma que puedan trabajar en las torres de control de los aeropuertos españoles proveedores privados con la pertinente licencia europea. Este proceso de liberalización podría durar tres años, según Fomento.

Para Blanco esta reforma estructural era necesaria para garantizar la eficiencia, rebajar el coste de las tasas de navegación y favorecer la economía del país a través de un sector tan importante para España como es el turismo.

También anunció que ha mantenido contactos con los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios y que ha solicitado comparecer "lo antes posible" en el Congreso para poder explicar "en toda su extensión" el contenido del decreto.

Reacciones. El decreto del Gobierno obtuvo ayer un respaldo generalizado. Así, la CEOE, la Asociación Española de Compañías Aéreas (AECA) y la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) expresaron su apoyo a la decisión del Gobierno. Por su parte, la Alianza para la Excelencia Turística, Exceltur, consideró que la iniciativa gubernamental revierte un "sistema anacrónico" que perjudicaba la competitividad del sector turístico español. PP y CiU también apoyaron la iniciativa.

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