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Forenses piden a los jueces que concreten qué buscan en sus informes

La Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género evaluó a 815 víctimas y 581agresores

el 29 jun 2014 / 15:00 h.

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No todas las presuntas víctimas y agresores cuyos casos de supuestos malos tratos llegan a los juzgados son evaluadas por la Unidad de Valoración Integral de Víctimas de Violencia de Género (Uvivg), integradas en el Instituto de Medicina Legal. Es el juez quien decide si lo ve necesario, normalmente para tratar de averiguar si se trata de un caso de maltrato puntual o una situación prolongada en el tiempo y las posibles circunstancias que rodean a la misma. En 2013, esta unidad evaluó a 1.447 personas: 815 mujeres presuntamente maltratadas, 581 supuestos agresores y 51 menores, hijos de ambos o de uno de ellos, que los jueces consideraron que podrían haberse visto afectados por las situaciones vividas. La directora del Instituto de Medicina Legal (IML), Rocío Marín, defendió que en esas evoluciones intervienen médicos forenses, psicólogos y trabajadores sociales y en sus informes se analizan tanto lesiones físicas y posibles secuelas como daños psicológicos, posibles consumos de sustancias y su relación con los hechos o predicción de riesgos, «que es muy difícil porque estamos hablando de conductas humanas y no tenemos una bolita mágica». De hecho, Marín reclamó a los juzgados que concreten más qué buscan en sus informes para que los profesionales puedan concentrarse en unos u otros aspectos, ya que las peticiones generalizadas provocan a veces que los informes incidan en elementos distintos a los que interesan al juez para cada caso y las conclusiones «se diluyan». Es uno de los aspectos que Marín abordó esta semana con los operadores jurídicos durante el Foro de Debate sobre las Uvivg celebrado en la Delegación del Gobierno de la Junta en Sevilla, foros que se desarrollarán en todas las provincias para extraer conclusiones sobre el funcionamiento de estas unidades y los aspectos a mejorar. En el caso de Sevilla, la directora del IML reconoce que «para la proporción de población que depende de nosotros, necesitaríamos más personal» ya que el equipo está formado por tres forenses, dos psicólogos y un trabajador social, pero defendió que «a pesar de eso funciona muy bien porque el personal está muy implicado y se ha aprendido a usarlo cuando es estrictamente necesario y los casos se llevan casi al día». Especial cuidado se tiene en la valoración de los menores para «no revictimizarlos». Es el juez y los forenses de guardia –un servicio que también presta el IML y que el año pasado atendieron 396 casos de los que llegaron a los juzgados– quienes deciden, tras hablar con los padres. Antes de realizar una valoración in situ en la Uvivg se tiene en cuenta «si se le expone más a una victimización por citarlo cuando a lo menor no se está enterando de nada por su edad o por otras circunstancias. Hay que sopesarlo muy bien». De hecho, el trabajador social de la Uvivg suele visitar antes el colegio del niño y recabar información de los profesores o de su centro de salud para conocer cambios de comportamiento –normalmente traducidos o en la conflictividad o en la introversión– o testimonios directos o indirectos que indiquen que está sufriendo secuelas por la situación de violencia de género que ve en su casa. En el Foro de Debate sobe las unidades celebrado esta semana también se abordó la necesidad de homogeneizar los criterios y formas de trabajar de los agentes jurídicos y los forenses de guardia con los de los equipos multidisplinares de la Uvivg ya que las valoraciones pedidas «dependen mucho de cada juez» y aunque los informes analizan una serie de ítems protocolizados, es necesario una mayor coordinación sobre los aspectos que se estudian y cómo se interpretan. En toda Andalucía, las Uvivg –dependientes de la Consejería de Justicia a la que están adscritos los Institutos de Medicina Legal– reconocieron en 2013 a petición judicial, a 2.929 mujeres y 130 menores y a 1.436 agresores. Las Uvivg emitieron 4.910 informes, 2.649 psicológicos y 2.216 de los trabajadores sociales.

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