El Ejecutivo comunitario mantenía la amenaza de expedientar a París si, antes del 15 de octubre, las autoridades francesas no se comprometían a ajustar su legislación a la directiva europea. Al margen de esta cuestión menor, Bruselas ha renunciado ya a sancionar a Francia por discriminación en las expulsiones de gitanos, pese al anuncio en este sentido de la comisaria de Justicia, Viviane Reding. Los países de la UE no apoyaron a Reding y fue duramente criticada por haber relacionado el tratamiento de los gitanos en Francia y lo comparase con las persecuciones nazis de la Segunda Guerra Mundial.
"Para responder a la petición de la Comisión de una mayor transparencia y seguridad jurídica en el marco de la trasposición de la directiva 2004/38, las autoridades francesas están dispuestas a introducir ciertas disposiciones de la directiva en los textos del derecho nacional", anunció un portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores galo el día en que vence el plazo.
El portavoz precisó en todo caso que los ciudadanos comunitarios expulsados de Francia se benefician ya de hecho de las garantías procedimentales previstas en la normativa comunitaria. "Las autoridades francesas transmitirán a la Comisión los elementos de información necesarios para confirmar que la actuación de la Administración francesa, sometida a un control judicial efectivo, es plenamente conforme al derecho europeo", explicó el portavoz de Exteriores.
Esta respuesta de París se inscribe en el marco del "diálogo constructivo" que las autoridades francesas mantienen con el Ejecutivo comunitario sobre este tema desde hace meses, resaltó.
Una vez recibidas las garantías, Bruselas las estudiará y decidirá si son suficientes para no lanzar un procedimiento de infracción, según explicó el portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario, Matthew Newman.
"Lo que la Comisión quiere está muy claro: la transposición completa de la directiva en la legislación francesa", señaló.
También dejó claro que no serán suficientes las circulares o decisiones del Consejo de Estado francés o de jurisprudencia, sino que hace falta que el derecho procedimental se incluya en la legislación francesa.
Bruselas ha solicitado igualmente a las autoridades francesas un calendario de aplicación de la citada directiva.
El portavoz de Justicia justificó la importancia de la trasposición de las normas comunitarias al derecho interno de los estados miembros para que sean "claras y transparentes" para los ciudadanos. En este sentido, insistió en que lo que se le pide a Francia es "un proyecto de ley y un calendario".
La última polémica de Francia sobre este asunto fue una denuncia de que la Gendarmería tenía un fichero ilegal de gitanos, algo que el director general de la Gendarmería francesa, Jacques Mignaux, negó rotundamente.
