El regidor compareció junto al interventor, Manuel Ramos, el tesorero, Pedro Barrios, y el asesor jurídico, Gerardo Morales. Se da la circunstancia de que los dos primeros le secundaron en la denuncia que el pasado día 10 presentó y que permitió detener a los dos trabajadores municipales. Con estas explicaciones, el mandatario pretende callar a la oposición, que le echa en cara que no se haya descubierto antes y que incluso exige dimisiones.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Lora del Río los dejó en libertad con cargos el pasado sábado por la tarde imputándoles sendos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental. "Conocían todos los detalles para poder seguir haciéndolo, ya que cuadraban las cuentas y no levantaban ninguna sospecha en el discurrir diario del consistorio", justificó el alcalde. Éste precisó también que las detenciones del pasado viernes no respondieron a una orden judicial, sino a una intervención de la Guardia Civil para recoger información. "En estos momentos no se puede precisar ni la cantidad estafada ni el tiempo que lo han estado haciendo", insistió. No obstante, avanzó que "las primeras referencias se remontan a 1996 y hay que comprobar la posibilidad de que fuera antes incluso". Garantizó que el Ayuntamiento de Lora del Río está "a disposición de la Guardia Civil y del juzgado para aportar toda la documentación e información que requieran para resolver este caso". Eso sí, avisó: "El procedimiento será largo en el tiempo, puesto que hay que revisar una cantidad ingente de documentos de bastantes años atrás". De hecho, la Guardia Civil sigue "revisando toda la documentación, la cual se encuentra custodiada por agentes de la Policía Local" en dependencias del Ayuntamiento de Lora del Río.
Según expuso, los imputados, "se basaban en el conocimiento de las vacantes de personal y la elaboración de contratos ficticios, además de realizar transferencias bancarias a cuentas".
La oposición. La oposición ofreció ayer su propia versión en un comunicado firmado por el PP, el PA, el LIS e IU, donde entre otras cosas, aclararon que el alcalde se vio "forzado" a poner la denuncia ya que había sido un banco el "que había detectado las irregularidades" y así se lo comunicó. "Por tanto si él no denunciaba, los acontecimientos lo superarían en estos tiempos preelectorales, quedando el Ayuntamiento de Lora del Río en fuera de juego", aseguraron. Criticaron también que se haya dañado gravemente la imagen del consistorio con estos hechos y anunciaron la petición de un pleno extraordinario y urgente para que dé más explicaciones, además de una comisión de investigación.
