La celebración mañana del día internacional contra la Violencia de Género es una buena oportunidad para analizar el camino que aún queda por recorrer en la sociedad española para combatir la lacra del maltrato y avanzar en las acciones a tomar para hacer más efectivo el cerco a los violentos. Es evidente que en los tres años de vigencia de la Ley contra la Violencia Doméstica se han logrado avances importantes. Las denuncias por casos de maltrato han aumentado considerablemente y en este tiempo se han producido 80.000 condenas por casos de violencia machista.
Aún así, seguimos llorando demasiadas muertes de mujeres a manos de sus parejas porque el sistema no ha podido dar respuesta a una alarma que se genera en el ámbito privado, mucho más difícil de legislar y que se complica con relaciones afectivas entrecruzadas. La ley puede ser un buen instrumento, pero sólo actúa si se produce una denuncia. ¿Debe ser esa denuncia lo primero? Es preciso que la víctima disponga de información previa porque denunciar multiplica el riesgo de que pueda ser atacada en señal de venganza. Por tanto, es necesario que antes, la mujer sepa que tiene lugares de asesoramiento legal y psicológico para que la ley le ampare con todas las garantías y así evitar los efectos de la reacción violenta.
Debe saber que no está sola. Las administraciones a todos los niveles tienen que consensuar los protocolos y servicios así como poner -las que tengan competencias- más recursos para la correcta aplicación de la ley, como medios técnicos y humanos que alivien el colapso de los juzgados de violencia de género. La Policía hace lo que puede por proteger a muchas mujeres, ocultas en pisos tutelados, cuyos hijos dan clase en colegios que esconden su identidad. Es extremadamente duro. La coordinación entre las administraciones y comunidades autónomas será fundamental para erradicar una lacra que no entiende de clases sociales.