La Consejería de Vivienda se ha propuesto frenar la proliferación de viviendas ilegales en la provincia de Cádiz con la colaboración de los ayuntamientos. La posibilidad de evitar que las parcelaciones donde se construyen tengan escritura pública y su inscripción en el registro de la propiedad son algunas de las medidas que se pretenden poner en marcha.
Estas propuestas se han puesto sobre la mesa en las reuniones que en los últimos meses lleva celebrando la Junta con los representantes de los municipios más afectados por este problema. "Una de nuestras líneas de intervención consiste en estar codo con codo con los ayuntamientos ayudándoles a redactar planes municipales de inspección siempre y cuando nos lo soliciten y, a partir de ahí, llevar a cabo las actuaciones que sean necesarias para evitar que este fenómeno siga extendiéndose", señaló el delegado provincial de Vivienda y Ordenación del Territorio, Gabriel Almagro.
El representante en Cádiz de esta delegación aseguró que el principal desencadenante de esta situación ha sido la partición de parcelaciones que eran indivisibles para la posterior construcción de varias viviendas en un mismo terreno. Para acabar con esta práctica considera fundamental la implicación de notarios y registradores de zona, que se han mostrado ya dispuestos a colaborar. Se tiene previsto complementar las reuniones, que se están celebrando para diseñar una estrategia conjunta, con sesiones formativas dirigidas a estos colectivos.
Hay ayuntamientos que, al mismo tiempo, están realizando catálogos de parcelaciones ilegales para identificarlas en el territorio. "Se trata de conocer con el más mínimo detalle cómo está ocupado su suelo para impedir que se ponga ni un solo ladrillo más", explicó Almagro.
