Todo lo que le ha ocurrido a Ángela esta semana se ha decidido fuera de su clase y de su colegio. Este año más de 200 alumnos están escolarizados en Sevilla con medidas judiciales provisionales. Éste es el caso de Ángela en el último año y medio, desde que recibió la sentencia que la obligaba a abandonar su colegio, el centro concertado Antonio Machado, después de cuatro años. Y desde que su familia empezó a recurrir en los tribunales para que no la expulsaran, que es lo que al final ha terminado pasando.
¿Por qué los padres buscan colegio a sus hijos en los juzgados? ¿Por qué falsifican sus datos a sabiendas de que la repercusión caerá sobre los niños y no sobre los adultos? ¿Por qué las familias se investigan, se persiguen y se denuncian? ¿Qué hacen los jueces matriculando niños en las escuelas, aunque las escuelas ya estén llenas? ¿Qué hacen los políticos expulsando a alumnos contra el criterio de sus profesores y a pocos días de que termine el curso? Que alguien se lo explique a Ángela y a la niña que no entró en su lugar. Pongamos que esta enrevesada historia hay que explicársela a esas dos niñas de once años, ya que ellas son las protagonistas: una porque fue expulsada de su colegio después de cinco años y antes de que pudiera examinarse de fin de curso, y la otra porque la llamaron cinco años después para ocupar la plaza por la que sus padres habían denunciado a otra familia.
¿Cómo se lo harían entender? Si fuera el padre que comete fraude diría algo así: "Hija, voy a falsificar los datos de tu matrícula, porque si no nos pillan podrás estudiar en el colegio que queremos, y si nos pillan, pediremos medidas cautelares a un juez, y podrás quedarte tres o cuatro años, y si después de todo te expulsan, intentaremos por todos los medios que no te afecte".
Si, en cambio, fuera el padre que denuncia un fraude, la historia tampoco cambiaría mucho: "Hija, no has entrado en el colegio que queríamos, pero vamos a denunciar a la familia de aquella chica, porque ha mentido y te ha quitado tu plaza, y si no nos dan la razón ahora, puede que nos la den dentro de cinco años, y si para entonces ya no te interesa volver a este colegio, no pasa nada, te quedas donde estás".
Pero, ¿y si los padres no hubieran mentido? Entonces la cosa sería así: "Hija, hemos puesto en tu matrícula que vivimos aquí en casa, aunque dentro de dos años nos vamos a mudar, y si alguien nos denuncia por fraude y la Policía viene a comprobar nuestra dirección dentro de dos años, quizá crean que hayamos mentido y te obliguen a salir del colegio. Pero eso no va a pasar hasta dentro de cuatro o cinco años, y ya intentaremos que no te perjudique mucho".
En caso de ser juez, es más fácil explicarlo porque no hay intereses de por medio: "A ver niña, provisionalmente te quedas en tu colegio, hasta que compruebe si tus datos son ciertos. Como hay más niños como tú que me han pedido lo mismo, te encontrarás en clase con 32 alumnos, aunque no debería haber más de 25, y si al final descubro que me has mentido, tendré que echarte. Ah, y no podré resolver esto antes de tres o cuatro años, porque tengo mucho trabajo pendiente".
Así que llegamos al momento en el que hay una sentencia firme que obliga a expulsar a la niña, y el delegado provincial de Educación la firma, y envía la resolución al colegio un mes antes de que termine el curso. Pero los profesores, la directora y el inspector educativo deciden que lo mejor para la cría en ese momento es que termine las clases donde las ha empezado, para que los mismos maestros que habían enseñado a la alumna, evalúen sus progresos a lo largo de todo el curso. ¿Hacían la "vista gorda" o cumplían exactamente con lo que les exige su trabajo? En esencia, ¿no consiste la educación en elegir lo mejor para un alumno?
A estas alturas, la historia se hace pública, todas las televisiones la sacan a relucir, y entonces el político toma la última decisión: Mira, ya sé que faltan menos de dos semanas para que acabe el curso, y que mañana tienes un examen de Matemáticas muy importante, pero es que una jueza dice que tus padres han falseado tu matrícula. Ya sé que podría esperar unos días para no estropear tu evaluación, porque además el auto judicial no requiere de una ejecución tan inmediata, pero es que tengo a todas las televisiones en la puerta de tu colegio, y el caso es que tus padres han cometido fraude, y cada año tengo a 600 familias denunciando a otras 600 por fraude, y 200 niños son expulsados, y luego vuelven con medidas cautelares. Y algo tengo que hacer para dar ejemplo, digan lo que digan tus maestros". Aquí acaba la lección.
Ningún profesor defendería que una niña de 11 años, alumna de 5o de Primaria, cambie de escuela pocos días antes de que termine el curso. Ningún director de centro echaría a un estudiante cuando está a punto de hacer los exámenes finales. Y ningún inspector de educación daría el visto bueno a una expulsión a estas alturas del curso escolar. Una escolarización donde padres, abogados, detectives, jueces, políticos y periodistas tienen la capacidad de interrumpir el proceso de aprendizaje de una niña de 11 años es difícil de explicar en un aula de Primaria.
