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Fuerzan en busca de datos el juzgado del caso Astapa

El juez denuncia al TSJA que fue registrado con el sumario bajo secreto

el 12 dic 2009 / 19:49 h.

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Un agente ante los juzgados de Estepona.

El instructor del caso Astapa contra la corrupción en Estepona (Málaga), Jesús Torres, ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que la cerradura de su despacho ha sido forzada en varias ocasiones y que los documentos de esta causa han sido revueltos.

El juez informó al TSJA de sus sospechas de que la puerta del despacho de uso exclusivo para el magistrado fue violentada en varias ocasiones entre diciembre de 2008 y julio de 2009, periodo en el que la sede judicial careció de juez titular tras abandonar este órgano la jueza Isabel Conejo, que se incorporó al juzgado de instrucción número 5 de Estepona, según informó el sábado Málaga Hoy.

Aunque no se ha producido ninguna pérdida ni deterioro de documentación ni ha sido necesario, por lo tanto, reconstruir ningún expediente, los hechos se produjeron cuando las actuaciones se encontraban bajo secreto de sumario, ya que el primer levantamiento de éste no se produjo hasta finales de junio, según confirmaron a Europa Press fuentes del TSJA.

El alcalde de Estepona, David Valadez (PSOE), calificó de "muy graves" los hechos y aseguró que confirman "la existencia de actitudes mafiosas" en torno a este asunto que dijo haber denunciado "en reiteradas ocasiones ante la incredulidad de muchos". Valadez, que destapó la trama por la que está imputado su antecesor Antonio Barrientos, ha sido precisamente imputado esta semana por un presunto delito de prevaricación y omisión del deber de perseguir el delito ante la construcción de una vivienda en suelo rústico por parte del jefe de gabinete de Alcaldía, que fue expedientado y paralizada la obra cuando el alcalde tuvo conocimiento de ella a través de la prensa local. El caso Astapa se ha saldado, hasta el momento, con 63 imputados entre empresarios y políticos. Actualmente, en la corporación municipal hay ocho imputados, cinco de los cuales pertenecían al PSOE y están en el grupo de no adscritos tras negarse a entregar sus actas y ser expulsados por su partido. En su momento ingresaron en prisión el ex alcalde Antonio Barrientos, su jefe de gabinete, José Flores, los ediles del PES José Ignacio Crespo y Manuel Reina y el técnico Javier Wittmeur. Salvo este último, el resto permanecieron en prisión seis meses y se encuentran desde diciembre de 2008 en libertad bajo fianza.

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