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Funcionarios endurecen el acoso a la Junta tras su pacto con UGT y CCOO

USTEA recurre ante los tribunales el acuerdo para la reforma del sector público mientras el PSOE y los sindicatos de clase tildan a las organizaciones de funcionarios, contrarias al pacto, "radicales" y "excluyentes.

el 19 nov 2010 / 11:40 h.

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La guerra de los funcionarios en la calle y en los tribunales está lejos de acabarse. El jueves, la Junta ratificó con UGT y CCOO el acuerdo para la reordenación del sector público en medio de un clima de tensión en Torretriana y en una reunión de la que el sindicato de funcionarios CSIF se levantó. Y ayer, el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y su consejera de Hacienda -que pilota la reforma-, Carmen Martínez Aguayo, se enfrentaron de nuevo a los gritos de dimisión y las pitadas en un acto público en Sevilla. Mientras, otro sindicato de funcionarios, USTEA, ya ha recurrido en los tribunales el pacto sellado con los sindicatos de clase.

 

Griñán y Aguayo rehusaron ayer hacer declaraciones. Fue la portavoz del Gobierno y consejera de Presidencia, Mar Moreno, la encargada de defender el polémico decreto por el que se suprimirán 111 empresas públicas y se reubicarán unos 3.000 funcionarios y laborales de la administración y 25.000 empleados de esos entes en las nuevas agencias.

La Junta, dijo, está "muy segura" del texto y "no le duelen prendas" por hacer cambios pactados con UGT y CCOO. No es el primer acuerdo, recordó, que sale con el apoyo de unos sindicatos y otros no. De paso pidió "racionalidad" en unas movilizaciones cada vez más agresivas y de las que no se han librado ni los periodistas, especialmente los de Canal Sur, para los que la Asociación de la Prensa de Sevilla exigió respeto en su trabajo.

Moreno apuntó a la manipulación que el PP está haciendo del colectivo arrogándose en defensores de los empleados públicos cuando es el "PP el que privatiza en todos los lugares donde gobierna". También desde el PSOE, el portavoz parlamentario, Mario Jiménez, mostró su preocupación por la violencia de las protestas y apuntó a que los que se han quedado fuera del acuerdo son los "radicales" respaldados por el PP.

Desde la oposición, el líder popular, Javier Arenas, reclamó que la Junta haga "borrón y cuenta nueva" y una vez derogado el decreto dialogue "hasta la extenuación" con todo el sector, mientras que IU anunció que presentará enmiendas al mismo "para que no lo conozca ni la madre que lo parió". El texto original se aprobó en julio y los cambios pactados se incorporarán vía enmiendas a los Presupuestos. Entrarán en vigor el 1 de enero.

El cruce de acusaciones no se dio sólo entre los partidos. Los líderes de UGT y CCOO se mostraron "orgullosos de haber hecho rectificar a la Junta" al pactar cambios en el decreto original, al que también se opusieron, para garantizar los derechos de todos los trabajadores. Manuel Pastrana (UGT) y Francisco Carbonero (CCOO) compararon a los "sindicatos corporativos" con los "nacionalismos excluyentes".


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