Quien sí reiteró las explicaciones del Gobierno andaluz sobre el decreto ley fue la consejera de Presidencia y portavoz de la Junta, Mar Moreno, que ayer también se topó con un centenar de manifestantes en la sede de la Junta en Granada, donde acudió para presentar el programa de actividades para conmemorar el Milenio de la Fundación del Reino de Granada en 2013.
La protesta se produjo a las puertas, pero al entrar en el edificio, los empleados públicos lanzaron consignas como "Esto es un atraco" o "Griñán, dimisión, privatiza tu sillón" y corearon el Himno de Andalucía mientras la consejera trataba de ofrecer la rueda de prensa. Al finalizar, Moreno reiteró que la Junta no pretende lesionar los derechos de los empleados del sector público e invitó a los funcionarios y empleados laborales que se manifestaban en la calle a "consultar el decreto en la página web de la Consejería de Hacienda porque, si lo hacen". "No hay el menor interés en lesionar ningún derecho y es absolutamente falso que en este país nadie pueda ser funcionario si no supera las pruebas y las oposiciones pertinentes", advirtió la consejera. Moreno señaló que la Junta no ha tenido "el menor inconveniente" en dialogar para mejorar un decreto "que no tiene otro objetivo que el de modernizar la administración".
Durante toda la semana, los miembros de la Junta han visto cómo los funcionarios boicoteaban con protestas sus actos públicos y cómo organizaban pitadas ante las sedes del Gobierno. El viernes de la semana pasada, de forma casi espontánea, un numeroso grupo de funcionarios de Torretriana recibió con gritos a la consejera de Hacienda, Carmen Martínez Aguayo, y a los representantes de CCOO y UGT, que llegaron para firmar un acuerdo de interpretación del decreto ley. El sector público andaluz verá rebajado a la mitad el número de empresas (a 111), lo que obligará a ajustar los puestos a funcionarios y laborales aunque su traslado será voluntario.