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Funcionarios y la empresa del Plan Centro desmontan las denuncias de fraude del PP

Los trabajadores de Tráfico y la empresa Sice defienden la legalidad de sus actuaciones y cargan contra el técnico en el que se apoya el PP

el 08 nov 2011 / 20:48 h.

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Los miembros de la comisión de investigación durante su segunda cita

La denuncia de “fraude” basada en un informe de un funcionario que llevaba años apartado y la comisión de investigación impulsada por el PP a raíz de la derogación del Plan Centro han puesto en entredicho a los funcionarios de la Delegación de Movilidad que firmaron los expedientes, a la intervención del Consistorio y a la empresa adjudicataria del servicio, Sice. Entre la tarde del lunes y la mañana de ayer, los jefes de sección y de servicios, varios de los técnicos y el representante regional de la firma responsable de las cámaras desfilaron por la comisión. El PP tuvo así que escuchar cómo se negaba que las cámaras hubieran fallado, se defendía la legalidad del sistema, se rechazaban irregularidades en la tramitación, se desmentían los desvíos presupuestarios, se desmontaba punto por punto el informe en el que se basó el gobierno para denunciar ilegalidades; y se desacreditaba a la gran baza del gobierno local: el jefe de sección del Centro de Control de Tráfico, Enrique Gutiérrez.


El PP se aferró así al único punto en el que todos coinciden: a finales de marzo se dejó de multar por falta de personal. Pero incluso en este aspecto hay matices. Según el jefe de sección adjunto del servicio administrativo de Tráfico y Transportes, César Gallardo, que dirigió el sistema entre marzo y abril, la decisión de parar las sanciones fue una propuesta suya, después de que tanto el jefe de servicio al que sustituía como él mismo hubieran advertido sin éxito al gobierno de que no había personal para atender el servicio: “Fue una decisión temporal, estábamos a la espera de que aumentara la plantilla”. La situación no se resolvió hasta la pasada semana. Él mismo cuestionó el otro gran apoyo con el que cuenta el PP para hablar de fraude: que sólo se multaran los coches que circulaban entre 75 y 200 minutos debido a que la Agencia Tributaria sólo podía asumir 250 multas al día y se detectaban diez veces más: “Es legal, no vulneramos ningún derecho”.


Pero hubo más voces. Si el día anterior el exjefe de servicio administrativo de Tráfico Francisco de Paula –cesado el pasado viernes– había desmontado el informe en el que se basa el PP para hablar de ilegalidades y había defendido el funcionamiento del sistema, ayer le tocó el turno a sus compañeros. Primero, la jefa del servicio de Proyectos y Obras, Reyes González: “No hay irregularidades, se ha llevado bastante bien, está muy trabajado (...) Lo único que dice correcto el informe de Enrique Gutiérrez es que se dejó de multar el 29 de marzo”. Le siguió el jefe de sección de Obras y Servicios, Félix Lerma: “No existe ningún desvío presupuestario (...) En el aspecto técnico el sistema funcionaba con un 99% de acierto. Hubo anomalías al principio y las corregimos sobre la marcha”.

A continuación, Francisco Fernández, técnico de Intervención,  quien volvió a avalar ayer el informe de recepción del proyecto que él mismo firmó; el operador Ramón Suárez Collazos, quien admitió que se dejaron de tramitar sanciones pero defendió el funcionamiento del sistema y  el cumplimiento de la Ley de Protección de Datos; y el técnico medio Antonio Benítez Alba, que se remitió a un informe en el que defendía el funcionamiento del sistema. Por último, el citado César Gallardo, quien fue más lejos: “El sistema técnico funcionaba, lo que se dejó de realizar fue el procedimiento sancionador. No se generaban las multas, pero el Plan estaba en vigor, y la norma también. El plan funcionaba y ese es el dato que teníamos en el área”. Todos ellos cuestionaron el papel del funcionario escogido por el PP para analizar las irregularidades del plan. Le acusaron de “malinterpretar” informes, de “tener un trato imposible”, de “extralimitarse”, de “no querer asumir su responsabilidad” y de no consultar a sus compañeros.  


Y cerró la función, el director regional de la empresa Sice, Ramón Cobo, una compañía que tiene como principal contratista al Ayuntamiento de Sevilla y que defendió su sistema: “Las cámaras estaban bien ubicadas y no hay problemas de sincronización horaria (...) Entre marzo y mayo tenía una fiabilidad del 96,68% en la lectura de matrícula, aunque del sistema en general podía ser superior porque cualquier sanción es revisada por un operador”. Cobo no quiso cargar contra el nuevo gobierno, con el que afirmó que mantiene una buena relación, pero sí contra el informe técnico que el PP difundió en una rueda de prensa, reprodujo en la resolución de Alcaldía por la que se deroga el Plan Centro  y en el que basó un discurso en el que incluso se llegó a plantear que todas las denuncias puestas podían ser recurridas. “Nos ha hecho mucho daño y no he descansado hasta que ayer –por el lunes– escuché al director de Movilidad –designado por el PP– decir que las cámaras funcionaban correctamente”.

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