Gaesco ha presentado alegaciones a la práctica totalidad de los borradores de ordenanzas municipales para la constitución de los registros de demandantes de vivienda protegida de la provincia de Sevilla, ya que según la patronal "los 41 proyectos borradores que se han publicado vulneran la orden andaluza sobre la materia".
En un comunicado, Gaesco esplicó que uno de los aspectos contrarios a la orden es que "desde los municipios se está exigiendo con carácter general el empadronamiento con cierta antigüedad -generalmente dos años- como un requisito indispensable para la adjudicación de las viviendas", por lo que, "de esta manera, los demandantes sólo tienen posibilidades reales de acceder a una vivienda en un único municipio, restringiéndose de este modo sus expectativas".
Además, recordó que la Orden Andaluza sobre Registros Municipales de Demandantes de Vivienda Protegida reconoce la necesidad de que los demandantes pudiesen optar, de manera real, a la adjudicación de viviendas en tres municipios diferentes. "Esto va a resultar imposible si siguen adelante las ordenanzas que están elaborando los distintos ayuntamientos", añadió.
Para el gerente de Gaesco, Manuel Sillero, "los ayuntamientos están utilizando el registro para hacer política de cara a la consolidación de las alcaldías, exigiendo el empadronamiento para garantizar que los agradecidos adquirentes voten en dicho municipio".
Sillero consideró, además, que "con fines electoralistas, se están olvidando de que la vivienda protegida es un bien de primera necesidad que ha de tener como finalidad exclusiva ayudar a aquellos que tienen dificultades para el acceso a la vivienda" y consideró que "su utilización es una detestable práctica especulativa con las necesidades de los sevillanos".
Por tanto, quiso hacer un llamamiento a la Consejería de Vivienda para que intervenga en la elaboración de las Ordenanzas Municipales, exigiendo que "se respeten los principios de igualdad y libre concurrencia que han de prevalecer en la política de viviendas protegidas".
Asimismo, apuntó que "la exigencia de que se acredite la viabilidad económica de la promoción vulnera el libre ejercicio de la actividad de los promotores, ya que de cualquier forma serán precisamente ellos quienes corran el riesgo de la viabilidad, pues las aportaciones de los compradores están garantizadas por los avales que legalmente han de prestarse".
De igual forma, señaló que "los requisitos exigidos a los promotores para la solicitud de la relación de demandantes de viviendas quebrantan el carácter de acceso público que se ha defendido que van a tener los registros", ya que "la condicionan a criterios subjetivos de viabilidad económica, otorgándose a los gobiernos municipales un control efectivo sobre la actividad de la promoción y posterior venta de viviendas".
En este sentido, Sillero mantuvo que "en una situación de mercado como la actual, en la que hay una escasa demanda solvente de compradores de viviendas, no tiene sentido seguir manteniendo un criterio intervencionista para la adjudicación".
Para el gerente de Gaesco, "lo oportuno es que se permita la venta o alquiler a aquellos que tengan solvencia y cumplan con los restantes requisitos legales, sin exigirse que sean agraciados por un sistema de elección que, sin cuestionar su aleatoriedad, sólo sirve para crear expectativas que se frustran, y dilatar unos procesos de venta o alquiler hasta el punto de hacerlos económicamente inviables".
Por último, recordó que pese a que desde el pasado día 26 de diciembre es necesario tener en funcionamiento el Registro Municipal de Demandantes de Viviendas para poder proceder a la venta o alquiler de los inmuebles protegidos en la provincia de Sevilla, sólo menos de la mitad de los municipios han publicado el borrador de la ordenanza municipal que los crea y sólo tres municipios lo tienen aprobado definitivamente: Lebrija, Lora de Estepa y Arahal.
