El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha afirmado que el Gobierno tiene el "compromiso" de presentar la reforma de la Ley del Aborto antes del próximo octubre y que será "acorde" a la doctrina del Tribunal Constitucional y de los convenios internacionales firmados por España, incluido el de la Organización de Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con Discapacidad.
"En todo caso, haremos un proyecto acorde a la doctrina del Tribunal Constitucional y de los convenios internacionales firmados por el reino de España, incluido el de Naciones Unidas para personas con discapacidad", ha asegurado Gallardón al ser preguntado sobre la polémica suscitada a raíz de las novedades de la reforma.
El cumplimiento de los convenios internacionales y la doctrina del Constitucional serán así los "criterios" que tendrá en cuenta la modificación legal, según ha manifestado Gallardón tras participar en la firma de un acuerdo de actualización de medios con el presidente del Tribunal Supremo, Gonzalo Moliner, durante un acto celebrado en el alto tribunal.
Concretamente, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recoge en su artículo 10 sobre 'Derecho a la vida' que "los Estados Partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás", según han recordado a Europa Press fuentes del Ministerio de Justicia.
Asimismo, en el artículo 25, sobre la salud, se establece que los Estados "exigirán" a los profesionales de la salud que presten a las personas con discapacidad "atención de la misma calidad que a las demás personas sobre la base de un consentimiento libre e informado, entre otras formas mediante la sensibilización respecto de los derechos humanos, la dignidad, la autonomía y las necesidades de las personas con discapacidad".
Además, señalan que el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en su examen de los informes presentados por los Estados parte en virtud del artículo 35 de la Convención, recomienda a España que suprima la distinción hecha en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente.
"El Comité toma nota de la Ley sobre la salud sexual y reproductiva de 2010, que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo, permite que se ponga fin al embarazo durante las primeras 14 semanas e incluye dos casos específicos en los que se amplían los plazos para el aborto si el feto tiene una discapacidad: hasta las 22 semanas de gestación cuando exista un riesgo de graves anomalías en el feto, y después de 22 semanas de gestación cuando, entre otras cosas, se detecte en el feto una enfermedad extremadamente grave e incurable", indica al tiempo que insta al Estado a suprimir la distinción.
España deberá presentar un segundo informe para su evaluación por el Comité antes del 3 de diciembre de 2015 en el que deberá incluir toda la información sobre la aplicación de las presentes observaciones.
